Paradójicamente, mientras en Colombia los voceros de los grupos financieros dueños de los fondos privados de pensiones, exigen insistentemente la liquidación de Colpensiones y la obligatoriedad de afiliarse a un fondo privado, la Organización Internacional del Trabajo acaba de publicar su estudio ‘Reversión de la privatización de las pensiones: reconstruyendo sistemas públicos de pensiones en Europa del este y América Latina’, proponiendo revertir dicha privatización.
El estudio muestra que entre 1981 y el 2014, treinta países privatizaron sus sistemas públicos de pensiones, pero hasta 2018, dieciocho naciones han revertido la privatización por su bajo desempeño.
El documento analiza la imposibilidad de los sistemas privados para mejorar la seguridad de los ingresos de los adultos mayores, así como su reducido desempeño en cobertura, prestaciones, costos administrativos, costos de transición, impactos sociales y fiscales. Además, documenta los procesos de reversión de la privatización, en términos de leyes, gobernanza, los derechos en el nuevo sistema, la cobertura, el financiamiento y tasas de cotización en los nuevos sistemas públicos de pensiones.
De otra parte, proporciona orientaciones sobre las principales medidas de políticas a ser implementadas para revertir la privatización de las pensiones, de conformidad con las normas de la Organización Internacional del Trabajo, dirigidas a aquellos países que estén considerando la posibilidad de retornar a un sistema público de pensiones. Y muestra que la gran mayoría de los Estados que revirtieron la privatización, lo hicieron luego de la crisis financiera del 2008, cuando los inconvenientes del sistema privado se hicieron evidentes, pues evaporaron ahorros de pensionistas.
La conclusión del estudio es que la privatización ha fracasado, ya que las tasas de cobertura se estancaron o disminuyeron, los niveles de beneficios se deterioraron y se agravaron las desigualdades de género y de ingresos, lo que hizo que la privatización fuera muy impopular. El riesgo de fluctuaciones en los mercados financieros se trasladó a los individuos y los costos administrativos se incrementaron, reduciendo los beneficios.
Por último, pero no por ello menos importante, las reformas de pensiones tuvieron efectos limitados en el desarrollo, pues la mayor parte de los ahorros se dirigió a comprar títulos del Estado y no a inversiones productivas.
Dice el texto, que tras la reversión ya hay mejoras en términos de menores presiones fiscales, menos costos administrativos, mayor cobertura y niveles de beneficios, así como en menores desigualdades de ingresos y de género.
Y concluye que la responsabilidad de los Estados, de garantizar la seguridad de los ingresos en la vejez, se alcanza de mejor manera mediante el fortalecimiento de los sistemas públicos de pensiones.
¡Es notable que en Colombia no se debate, como afuera, la presencia de los dueños de los ahorros en la gestión de sus recursos confiados a los fondos privados!