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Carlos Gustavo Álvarez
columnista

La decadencia en el trabajo

No hay control de la Secretaría de Salud ni del Ministerio de Trabajo, al evidenciarse la desprotección social del colectivo Rappi.

Carlos Gustavo Álvarez
POR:
Carlos Gustavo Álvarez
mayo 30 de 2019
2019-05-30 09:34 p.m.
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Pocas empresas han crecido, dado de qué hablar y fulgurado tanto en tan poco tiempo como Rappi, la startup colombiana fundada en el 2015 por Felipe Villamarín, Sebastián Mejía y Simón Borrero. Potenciada por una seductora app, ha cambiado la dinámica de entregas a domicilio, entre muchas cosas que hace en su país y en México, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y Perú.

Rappi logró en el 2018 una valoración de 1.000 millones de dólares, hazaña que la convirtió en la primer empresa unicornio de Colombia. Meritoria en sus conquistas financieras, acaba de recibir una cantidad similar del japonés SoftBank Group Corporation, lo que la proyecta como un Pegaso en este mundo cuya única constante es el cambio vertiginoso.

No todo lo que brilla es oro. Rappi, al igual que Falabella, acaban de ser sancionadas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Y multadas con el pago de 298 millones de pesos y 496 millones de pesos, respectivamente, por incumplir la Ley de Protección de Datos. Ese activo, la data, es el gran capital de Rappi. Tiene toda la información de las personas atendidas, sus gustos de consumo (no solo de comida), sus hábitos y tendencias, y eso vale mucha, pero mucha plata.

No quiero que esta columna caiga en lo que el brillante CEO de Rappi, Simón Borrero señaló en el El Tiempo, en noviembre del 2018, luego de una protesta laboral de sus rappitenderos: que es más fácil criticar que construir. Entonces aseguró, al referirse al empleo de ciudadanos venezolanos, que no alcanzaban a ser más del 20 por ciento de los ‘domiciliarios’. Y que estos, en general, “son estudiantes que buscan ingresos extra o guardias de seguridad con empleo formal que luego deciden por vacaciones u otros motivos trabajar dos o tres horas”.

Eso no parece coincidir con lo que pasa hoy en las calles. Hay estudiantes, tal vez guardias de seguridad, pero en todo caso, lo que se ve es una masa ingente de personas desposeídas, que luego de sus desplazamientos suicidas permanecen tiradas en los andenes y separadores, mirando su celular y con sus talegos mugrientos. Según Carlos Castillo, que escribió en El Tiempo la columna ‘Empresas invasoras’, en una ocasión vio un rappitendero que acomodaba sus zapatos tenis al lado de la pizza del pedido.

No hay control de la Secretaría de Salud ni del Ministerio de Trabajo, cuya titular Alicia Arango prometió el año pasado, al evidenciarse la desprotección social de este colectivo, cada vez más numeroso, que su cartera revisaría el tema.

La Organización Internacional del Trabajo cumple cien años encandilada por dos pesadillas: la precarización laboral y su incierto futuro en las plataformas digitales. La fórmula del que lleva y trae es perfecta para el vendedor y fácil para el comprador, en un mundo donde no importan la causas ni las consecuencias. La situación, que empaña el prodigio tecnológico, sucede en muchas partes. Esclavitud en el siglo XXI.

Los gobiernos callan, también, porque las estructuras económicas no tienen solución de empleo digno para toda esa gente. Y es preferible que sobrevivan y multipliquen ese caos que está pauperizando las ciudades, a que se entreguen, rápidamente y con muy poco amor, a la pobreza y a la mendicidad.

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