Este es el número de personas que fallecieron en accidentes de tránsito durante los últimos siete años en Colombia. Casi todas ellas podrían haberse evitado. Extrañamente, no parece ser un tema central de la agenda pública del país.
Fasecolda ha publicado el estudio ‘Costos de la accidentalidad vial en Colombia’, que cubre el periodo 2010-2016. Solo en ese último año se presentaron 770.000 lesionados y se contabilizó un total de 7.368 muertes.
Sin duda, estamos ante una verdadera epidemia que está cobrando más vidas que el consumo de drogas ilícitas. El estudio se concentra en los costos de la accidentalidad en capital humano, y señala la necesidad de explorar los de daño a la propiedad (vehículos y otros), así como los generales (administrativos, medioambientales y por retraso en el tráfico).
El cálculo realizado muestra la complejidad del esquema institucional del país para afrontar el tema. Se reconoce que los daños a las familias y hogares no son compensables, y su valoración sobrepasa los límites económicos. Hoy, parte de los costos los asume el Soat, otros la subcuenta del Ecat, algunos las ARL, otros más el sistema de salud en su componente contributivo (el subsidiado no aporta información) y el sistema pensional.
Del costo económico total calculado (que está subestimado, pues solo se refiere a los humanos y no incluye el sistema subsidiado de salud) para el 2016, ascendieron a 2,3 billones de pesos. El grueso de 1,3 es asumido por el Soat, luego está el sistema pensional, con 0,5 billones, y la subcuenta del Ecat, con 0,2 billones. Esto es solo un año.
Como sociedad, es urgente que detengamos esta epidemia. No podemos seguir haciéndonos los ciegos ante los 770 mil accidentes viales y las más de 7.000 muertes anuales. No es aceptable seguir con los brazos cruzados ante esta situación. Hay una variedad de medidas que se pueden tomar, ninguna, por sí sola será suficiente, pero en conjunto pueden producir una disminución drástica. Enuncio algunas de ellas.
Primero, establecer un sistema de puntos para los pases, de tal manera que se pueda perder el derecho a conducir si se comente un volumen determinado de infracciones de tránsito. Segundo, asignar responsabilidades económicas y administrativas a las empresas dedicadas al transporte, cuando sus conductores estén envueltos en infracciones y accidentes, ello contribuirá a tener una parte interesada en controlar a las personas dedicadas a la conducción como forma de vida. Tercero, actualizar la regulación sobre las motos y hacer más claras las exigencias para poder conducir una de ellas. Cuarto, mejorar las protecciones viales en los puntos de mayor accidentalidad: más allá de pintarlos o señalarlos, hay que controlarlos y reforzar las medidas de seguridad en dichos lugares.
En varias ocasiones, se han presentado proyectos de ley que buscan abordar estos temas, pero nunca han tenido el respaldo decidido del Gobierno ni la visibilidad pública que genere una ola de opinión que promueva su discusión y su aprobación.
Ojalá el Gobierno presente pronto una política pública comprensiva para afrontar esta epidemia, que desde está columna estaremos dispuestos a apoyar.