En días recientes se reactivó nuevamente el debate en el país sobre la contratación por horas. La polémica se desató a raíz de unas declaraciones de la saliente Ministra de Trabajo y entrante Mininterior, Alicia Arango, en las cuales sugería flexibilizar las formas de contratación laboral y ponía de ejemplo a un “ingeniero de sistemas”.
Más allá de la justificada molestia de este gremio de profesionales, la funcionaria acierta al insistir en la necesidad de actualizar las normas que hoy rigen el mercado laboral en Colombia. Normas que fueron diseñadas para una economía de hace décadas, no recogen las transformaciones que hoy impactan el trabajo e incluyen asimismo los modelos de contratación.
Por todo el mundo la tecnología está cambiando las necesidades laborales, así como las habilidades demandadas e incluso la forma de trabajar y sus expectativas. Colombia no es ajena a esas tendencias. Por ejemplo, la entrada de plataformas tecnológicas en sectores como el transporte público individual y la entrega de domicilios cambió de manera drástica cómo miles de colombianos trabajan y buscan trabajo.
El ambiente social y político para la invitación de la ministra Arango está muy enrarecido a raíz de las protestas, el descontento ciudadano y el aumento de las tasas de desempleo. El manejo del Gobierno sobre la posibilidad de una reforma laboral, e incluso del sistema de pensiones, ha generado confusión dentro la opinión pública, ha espantado a algunos potenciales aliados políticos y ha terminado por acrecentar la incertidumbre sobre la naturaleza y profundidad de eventuales cambios.
Crece a pasos agigantados la “toxicidad” de ese paquete de reformas en materia política y de percepción dentro de la ciudadanía. Es decir, se está elevando el costo de impulsarlas e incluso discutirlas. De hecho, uno de los retos para el entrante ministro de Trabajo, el excongresista Angel Custodio Cabrera, será precisamente la definición del futuro de estas iniciativas legislativas en materia tanto laboral como de pensiones, si el Ejecutivo decidiera presentarlas al Congreso.
A pesar de este complicado entorno, el país está en mora de abrir el debate de la contratación por horas y de su proporcional pago de las prestaciones sociales. Hoy en día, jóvenes que necesitan pagar sus estudios, amas de casa, trabajadores del sector agrícola podrían beneficiarse de un marco normativo más flexible en cuestión de horarios, prestaciones y salarios.
Sectores dinámicos de la economía como el turismo, la hospitalidad, el comercio, la agricultura, entre otros, generan puestos de trabajo más estacionales y, con una menor carga de creación, podrían incluso abrir más plazas.
En momentos de descontento social y malestar económico, en especial de los jóvenes y estudiantes, la sola mención de la flexibilización laboral despierta temores normales. El primer requisito de cualquier debate sobre este tema debe partir de la premisa de que los derechos actuales de los trabajadores no están en discusión ni el principio de igual empleo, igual salario.
Además, que las empresas, en especial las pequeñas y medianas, tengan opciones de normas más flexibles de contratación por horas y de cotización de prestaciones sociales, no implica que cesen las políticas orientadas a la formalización laboral y empresarial.
Es momento de pensar en esas posibilidades ya que es evidente que el actual estado de las cosas no es el mejor ni el más eficiente en materia social. Con una tasa de desempleo de dos dígitos y una informalidad laboral rayando el 50 por ciento, la urgencia de acometer cambios al régimen vigente es indudablemente alta.
Lo mínimo que el Gobierno, las empresas, los políticos, los trabajadores, los sindicatos, los centros de investigación y los desempleados deberían permitir es abrir la discusión. Sin caricaturas ni extremismos.
Francisco Miranda Hamburger
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