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Francisco Miranda Hamburger
Editorial

Del dicho al hecho

Sectores emergentes como las aplicaciones y el cannabis necesitan con urgencia marcos regulatorios y más celeridad.

Francisco Miranda Hamburger
Director de Portafolio
POR:
Francisco Miranda Hamburger
noviembre 13 de 2019
2019-11-13 09:05 p.m.
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En sus quince meses el gobierno de Iván Duque ha dejado claras sus apuestas al surgimiento y consolidación de industrias emergentes, a las nuevas tecnologías y a los innovadores negocios derivados de ellas.

En múltiples discursos e intervenciones el primer mandatario ha resaltado la urgencia de contar con más unicornios tecnológicos como Rappi y más aplicaciones que aprovechen el potencial de la economía colaborativa.

Asimismo el Gobierno ha promovido el fortalecimiento de las energías renovables dentro de la matriz energética del país, abriendo la puerta a toda una nueva cadena dentro del sector energético. Para el propio jefe de Estado las energías solar y eólica son parte integral de su legado en materia de energía y ambiente.

Otra industria naciente que hace pocos meses recibió un apoyo explícito del Gobierno fue la de cannabis medicinal. Las distintas entidades del orden nacional, involucradas en las licencias, trámites y requisitos, se comprometieron públicamente con los empresarios de la marihuana con la agilización de esos procesos.

Es innegable el respaldo del presidente Duque a estas industrias emergentes ya que se sintonizan con su visión del papel de la economía creativa y “naranja”. Tener al jefe del Estado usando su “púlpito” para el impulso de estos sectores nacientes debería traducirse en una bonanza de negocios, empleo y dinamismo empresarial.

No obstante, la realidad de estas industrias emergentes- economía colaborativa, apps de transporte y domicilios, cannabis y energías renovables- es muy diferente.

Un desafío que están enfrentando muchos de los negocios de la economía colaborativa es la ausencia de marcos jurídicos estables para sus operaciones. Dado que las plataformas y aplicaciones tecnológicas normalmente traen consigo disrupciones en los mercados y modelos de negocios, las normatividades tradicionales se quedan cortas.

Tal es el caso de las aplicaciones de transporte y domicilios. En el primer caso, por ejemplo, la plataforma Uber ya lleva seis años operando en Colombia sin contar aún con la regulación. A este sector ya han entrado otras cinco compañías más- Cabify, Didi, Beat, Picap e Indriver- con más de 300 mil conductores registrados.

La inseguridad jurídica alrededor de las aplicaciones de transporte es tal que Uber decidió reversar una inversión de 40 millones de dólares en el país con un generación de 600 puestos de trabajo.

Hace pocos días el representante a la Cámara Mauricio Toro radicó un proyecto de ley en el Congreso que avanzaría en ese marco regulatorio. Es urgente que el Gobierno tome cartas en el asunto y defina de una vez por todas la cancha de juego para estas plataformas.

El caso del cannabis es diferente. Si bien el marco regulatorio está definido, las demoras institucionales en los distintos requisitos están poniendo a los empresarios contra la pared. A pesar de haber traído inversiones por 400 millones de dólares y tener el potencial de generar 8 mil empleos al 2025, la industria de la marihuana medicinal en Colombia se está rezagando con relación a otros destinos de inversión.

Por los lados de las energías renovables, los retos son parecidos a los del resto del sector mineroenergético y de infraestructura: las consultas previas para las líneas de transmisión. Desde hace varios años el Gobierno está en mora de expedir una reglamentación de estos procesos de consulta con las comunidades.

Las industrias emergentes no han perdido su rol fundamental en la narrativa económica del gobierno Duque. El compromiso del primer mandatario con estos sectores es explícito y sincero. Resta que el aparato gubernamental ajuste esa prioridad presidencial con las normas, los trámites y las reglas.

Francisco Miranda Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

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