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Ricardo Ávila
Editorial

Despejar la maraña

La avalancha de decretos, resoluciones y circulares que se generan en Colombia exige una labor de limpieza que necesita ser continua

Ricardo Ávila
Exdirector de Portafolio
POR:
Ricardo Ávila
agosto 21 de 2019
2019-08-21 10:00 p.m.
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Hace más de un siglo, el poeta nicaragüense Rubén Darío escribió una oda al país, cuyo primer verso era recitado por los estudiantes de antaño: “Colombia es una tierra de leones”, dice el arranque del texto. Aunque esa característica felina siempre será motivo de debate, hay quienes sostienen que lo que nos distingue es otra cosa: la abundancia de normas.

A juzgar por la evidencia, parecería que la nuestra es una nación en la cual se usa con facilidad el “comuníquese y cúmplase”. De acuerdo con una herramienta desarrollada en conjunto por el Departamento Nacional de Planeación y la Imprenta Nacional, lo sucedido a lo largo del presente siglo es elocuente.

Y es que en los últimos 20 años se emitieron 19.238 decretos, lo que da un promedio de 2,67 al día. De esa cantidad, el 49 por ciento es descrito como “sustancial”, que se refiere a temas de fondo.

A su vez, el 51 por ciento entra de la categoría de “no sustancial”, es decir, que tiene en su epígrafe palabras como aclaración, condecoración, estructura, invitación, asignaciones salariales y múltiples asuntos relacionados con el manejo de personal.

La cuenta aumenta en el momento en que se incluyen las resoluciones -31.727 según la estadística oficial- y las circulares, que suman 560 en ese lapso. Como queda claro, el ritmo es intenso y la maraña que se teje, acaba siendo muy espesa.

De acuerdo con la investigación realizada, el ritmo de expedición baja en las postrimerías de un gobierno y sube cuando llega el momento en que comienza la nueva administración.

Una razón es que hay reemplazos en los cuerpos directivos del Ejecutivo, aunque los que llegan también traen propuestas bajo el brazo que se traducen pronto al lenguaje legal.

No hay duda de que muchos de los actos administrativos contenidos en ese conjunto de textos son inevitables. Cierto tipo de determinaciones hacen obligatoria la adopción de actos con implicaciones jurídicas, así tengan que ver con la contratación o las vacaciones de un funcionario.

Sin embargo, están las disposiciones que contribuyen a enredar las cosas y que, en más de una ocasión, se convierten en un verdadero dolor de cabeza para el sector privado. La frase según la cual “en Colombia el Estado es pequeño, pero estorba mucho” vuelve a ser recordada cuando aparece un requisito o un impedimento que nadie tenía en el radar.

La lucha para despejar la selva de decretos, resoluciones y circulares necesita ser constante. Debido a ello, vale la pena destacar la estrategia de simplificación que adelanta la administración Duque y cuyo primer paso se dio en octubre del año pasado, a través de una página web dedicada al asunto y las redes sociales. En ese momento, se recibieron 2.194 propuestas para intervenir trámites engorrosos, 1.944 más referidas a normas de alto impacto y 302 orientadas a provisiones obsoletas.

El balance con corte al primer semestre es alentador. De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, hasta esa fecha se contabilizaban 1.111 intervenciones. Casi 80 por ciento se refirieron a trámites, con una proporción menor para barreras y normas. El cálculo es que los ahorros para los particulares ascenderían a más de 24.000 millones de pesos.

Dichas cifras podrían superarse con creces, por cuenta de las facultades extraordinarias contenidas en la ley que acogió el Plan de Desarrollo. Esta le da al Presidente la posibilidad de “simplificar, suprimir o reformar trámites, procesos y procedimientos” que ojalá se traduzcan en avances concretos para los ciudadanos.

Y no se trata solamente de normas a nivel nacional, sino de avanzar en los ámbitos regional o local. Esa es la opción para evitar que la avalancha normativa nos supere, a sabiendas de que no se puede bajar la guardia nunca.

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