Por seis votos contra tres, la Corte Constitucional tumbó íntegramente la Ley 1943 de 2018, conocida como la Ley de Financiamiento. “Insubsanables” vicios de procedimiento en el Congreso hundieron toda la reforma tributaria del gobierno Duque.
Sin embargo, los magistrados difirieron los efectos del fallo hasta el primero de enero de 2020. Esto le da a la Casa de Nariño dos meses para radicar, debatir y aprobar un nuevo paquete de medidas tributarias que llenen el vacío que deja la caída de la Ley de Financiamiento.
Un hueco que se reflejará no solo en el recaudo tributario sino también en la confianza institucional, la credibilidad en la política económica gubernamental e incluso, según analistas, en algunas décimas del crecimiento de la economía.
Estos deben ser el tipo de mensajes que el Gobierno requiere enviar a los actores económicos, a los ciudadanos y al poder Legislativo. En primer lugar, el país necesita una señal de calma que ya se nota en las primeras reacciones del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
Sería ingenuo minimizarlos impactos fiscales y económicos de esta decisión del máximo tribunal. Pero ante la realidad del fallo, sobre los hombros del equipo económico de Duque recae el diseño de la solución a esta situación.
El traumático debate de la hundida Ley de Financiamiento dejó muchas lecciones que hoy el Gobierno debe recordar e intentar no repetir. Por ejemplo, prestar un mayor cuidado y una atención especial a los procedimientos parlamentarios para blindar la nueva reforma tributaria de futuras demandas.
Otro aprendizaje está en la comunicación y la pedagogía sobre ciertas medidas –como las relacionadas al IVA– que incendiaron el trámite de la Ley original, fragmentaron la coalición de gobierno y terminaron costándole la luna de miel del presidente Duque con la opinión pública.
Lo anterior conecta con el segundo mensaje que debe surgir de la Administración: claridad en los contenidos y en la hoja de ruta a seguir en los próximos dos meses.
El Gobierno debe ensamblar con cuidado este nuevo paquete tributario para que puedan recuperarse no solo los ingresos para los subsidios y demás compromisos del Estado, sino también los estímulos a la inversión y a los bienes de capital.
El país estará atento, por ejemplo, si se mantiene el régimen simple para las 8.500 empresas que alcanzaron a inscribirse. Proyectos de economía creativa y agroindustriales también estarán expectantes para saber si sus estímulos sobreviven.
Las señales de claridad no solo le corresponden al Ejecutivo. El Congreso enfrenta el reto de debatir y aprobar, en la contrarreloj dispuesta por la Corte, la reforma tributaria que radique el Gobierno. Este debate debe ser tanto impecable en sus trámites y reglas como transparente ante la opinión pública. No se trata de que el Legislativo renuncie a su función deliberativa, sino de que se entienda la urgencia de la aprobación. Celeridad no es sinónimo de opacidad o falta de discusión pública.
Y la tercera línea de mensajes tocan la necesaria reafirmación de la estabilidad. El plazo otorgado por los magistrados debe brindar tranquilidad a los inversionistas y demás actores económicos.
El mantenimiento del espíritu de la Ley original en cuanto a los incentivos a la inversión, la simplificación tributaria y los beneficios a las empresas, entre otros temas, debe trasladarse a la nueva normatividad que proponga el Gobierno y que discuta el Congreso.
A partir de este jueves, los distintos escenarios catastróficos de la caída de la Ley empiezan a configurarse. El gobierno Duque y el Congreso enfrentan juntos el reto de enviar y consolidar señales de calma, claridad en las reglas del juego y estabilidad.
Francisco Miranda Hamburger
framir@portafolio.co
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