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Francisco Miranda Hamburger
Editorial

El plan social para Cauca

El primer reto es la integración efectiva y concertada entre la estrategia de seguridad y el componente social.

Francisco Miranda Hamburger
Director de Portafolio
POR:
Francisco Miranda Hamburger
noviembre 05 de 2019
2019-11-05 10:00 p.m.
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El departamento del Cauca está viviendo una cruenta confrontación por el control del negocio del narcotráfico, que ha cobrado en los últimos 14 meses más de 120 vidas.

La semana pasada los asesinatos a sangre fría de una gobernadora indígena, sus cuatro guardias, cinco ingenieros, un indígena, su escolta y otros líderes se sumaron a la larga lista de víctimas de ese pulso entre disidencias, bandas criminales, e incluso carteles mexicanos.

La primera respuesta del Gobierno fue la orden, tras un consejo de seguridad, de trasladar 2.500 militares de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra 4). Tras la ocurrencia de varios homicidios durante el fin de semana, el pasado lunes el presidente Iván Duque anunció desde Popayán la activación de un plan de inversiones sociales para este departamento.

En primer lugar, acierta el Gobierno en integrar ambas respuestas: la de seguridad con la social. Ese es el espíritu de llamadas “Zonas Futuro” que hacen parte de la nueva política de seguridad y defensa de la administración Duque.

Cauca es uno de los departamentos más rezagados en materia social en el país. Mientras la pobreza monetaria en 2018 llegó al 27 por ciento a nivel nacional, este indicador en el Cauca es del 50,5 por ciento. Este dato de pobreza es el más alto después de La Guajira y Chocó.

En cuanto a la pobreza multidimensional, la región caucana registra un 28 por ciento de incidencia, comparado con el 19,6 por ciento del total nacional.

El reciente Censo de Población 2018 contabilizó más de 308.000 habitantes del Cauca que se autorreconocen como indígenas. Este departamento es el segundo en el país con la mayor población indígena después de La Guajira.

Más rural y más indígena que el promedio nacional y con presencia de afrocolombianos en la Costa Pacífica, Cauca enfrenta esa lucha violenta por las rutas del narcotráfico, los cultivos de coca y marihuana, el tráfico de armas y los laboratorios.

El paquete de medidas sociales anunciado por el Gobierno para el departamento es de un monto cercano al billón de pesos e incluye atención social a 207.000 familias, 41 proyectos de infraestructura social en 29 municipios con 80.000 beneficiarios, programas de seguridad alimentaria u 11 planes de mejoramiento de vías terciarias, entre otras iniciativas.

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) constituyen un vehículo para llevar más inversión social a las zonas más golpeadas por la violencia en el departamento. Para la vigencia de este año hay 181 proyectos dentro de este esquema.
El reto del Gobierno está en la integración efectiva de los componentes de seguridad y de inversión social de esta nueva estrategia para Cauca.

El Ejecutivo nacional y los líderes indígenas deben concertar mecanismos para que la Fuerza Pública pueda ejercer su deber de protección a las comunidades con el respeto a su autonomía.

Es innegable el rechazo y la desconfianza mutua entre las comunidades indígenas y los representantes del Estado, especialmente las fuerzas militares y de Policía. Sin embargo, la amenaza tangible del narcotráfico en la región sólo podrá ser contrarrestada y respondida desde la construcción de confianzas mutuas.

Al fin de cuentas, la raíz de la violencia está en las economías ilícitas que necesitan estrategias de seguridad y de control territorial, que no pueden ser delegadas. Sin embargo, parte de la construcción de confianza puede darse con los compromisos de inversiones sociales en las zonas más golpeadas que beneficien a toda la población.

La violencia en Cauca no se detendrá de un día para otro. Un primer paso es la integración efectiva y concertada de esas dos patas: la seguridad y lo social.

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