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Francisco Miranda Hamburger
Editorial

Incluir la “última milla”

Los esfuerzos para aumentar la inclusión financiera de los habitantes de zonas rurales, mujeres y jóvenes son bienvenidos.

Francisco Miranda Hamburger
Director de Portafolio
POR:
Francisco Miranda Hamburger
octubre 07 de 2019
2019-10-07 10:41 p.m.
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Colombia ha registrado un importante avance en los últimos años en materia de inclusión financiera. Según el reporte de Banca de las Oportunidades, el índice de inclusión es de 82,3 por ciento, es decir, unos 28,4 millones de adultos tienen un producto financiero activo.

Además, desde el 2015, en el 100 por ciento de los municipios del país hay presencia del sistema financiero, vía el uso de los llamados corresponsales.

No obstante, al desagregar esas estadísticas, se ratifica el hecho de que tanto el acceso a servicios financieros formales como su uso son heterogéneos. Existen brechas por ubicación geográfica, género y edad, que merecen atención especial.

Por ejemplo, en zonas del país con economías más dinámicas, como Bogotá, los niveles de acceso superan el 90 por ciento, mientras que en departamentos como La Guajira llega apenas al 46,5 por ciento.

Esas diferencias en acceso a los servicios financieros se replican entre las grandes ciudades y los municipios rurales y las zonas dispersas. Mientras en las primeras el indicador alcanza el 88,7 por ciento de adultos con un producto de este tipo, en los segundos registra un 55 por ciento. Es decir, mientras más ruralidad, menos inclusión financiera.

A pesar de los avances registrados, aún existen 6,3 millones de adultos sin ningún producto financiero en el país y cerca de 6 millones con cuentas inactivas. De estos, un tercio, 2,2 millones, viven en las zonas rurales y alejadas, donde solo hay 195 corresponsales por cada 100.000 habitantes.

Por eso, son más que bienvenidos los esfuerzos del Ministerio de Hacienda para implementar una nueva normativa para “elevar el uso de servicios financieros” para la “última milla”. Un decreto del Minhacienda cambiaría las regulaciones para corresponsales bancarios, productos de ahorro y de transacciones simplificadas, microcréditos y créditos de bajo monto.

La dirección de los cambios está orientada a ampliar el número de los corresponsales, a duplicar el monto de los créditos de bajo consumo y fijar una mayor diferenciación en los microcréditos. En otras palabras, a garantizar presencia financiera incluso en los lugares más alejados del territorio nacional.

Sin embargo, queda el reto de atender a las poblaciones tradicionalmente desatendidas. En esta categoría se han identificado, además de los habitantes de las áreas rurales, las mujeres y los jóvenes.

La brecha por género en este acceso financiero debe mirarse con cuidado. Si bien los indicadores de inclusión no son tan distintos entre hombres y mujeres, sí lo son los montos promedio de los préstamos.

En el caso de microcréditos, créditos de consumo y créditos de vivienda, los hombres recibieron desembolsos mayores que las mujeres.
Lo anterior, a pesar de que las mujeres registran indicadores de mora menores, es decir, son más cumplidas en el pago de sus obligaciones.

Esta política de inclusión financiera está directamente conectada no solo con la formalización económica, sino también con mejores condiciones de vida para la población de bajos ingresos. En la última década, más de 12 millones de colombianos se vincularon al sistema financiero, disparando el indicador en más de 25 puntos porcentuales.

La promoción a la cobertura, uso y calidad de los servicios financieros para los colombianos es una herramienta poderosa de lucha contra la pobreza y de avance en varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Las tareas del Gobierno en esta materia siguen siendo desafiantes. Al remezón en estos marcos normativos del microcrédito y de los corresponsales se suma la necesidad de llevar puntos de acceso financiero a los sitios más alejados, aumentar su actividad y desarrollar canales digitales innovadores. La “última milla” siempre es la más dura.

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