La Corte Constitucional discute esta semana el futuro de la legislación en materia económica más importante del gobierno Duque hasta ahora. Se trata de la ley 1943 de 2018, llamada Ley de Financiamiento, en la que la Casa de Nariño ha puesto sus esperanzas no solo en materia de modernización tributaria sino también de promoción empresarial y de atracción de inversión.
Más de una veintena de demandas serán debatidas por los magistrados que podrían tumbar parcial o totalmente el articulado. Tras un intenso trámite en el Congreso donde los parlamentarios metieron mano, el texto final de la Ley no recoge todos los recursos ni introduce todos los cambios que el gobierno inicialmente deseaba.
A pesar de lo anterior, la administración Duque ha salido a defender su constitucionalidad. Los escenarios que pinta el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, son catastróficos. Y con él coinciden, por ejemplo, la Andi y otros gremios de la producción. Para el jefe de las finanzas públicas la caída de la norma tendría graves impactos tanto en la confianza como con la pérdida de 1.000 billones de pesos en los próximos 10 años.
Si el máximo tribunal tumba la totalidad de la Ley de Financiamiento, el golpe a la confianza y la credibilidad institucional sería muy fuerte. Desde su entrada en vigencia miles de empresas, ciudadanos y el Estado han tomado decisiones basados en esta normatividad. De acuerdo con cifras oficiales, aproximadamente 8.500 empresas se han inscrito al régimen simple, dando un paso adelante en su formalización.
Las autoridades de impuestos recaudaron más de un billón de pesos por las medidas de normalización. Muchas firmas han importado bienes de capital así como otras tantas han estructurado proyectos para aprovechar los incentivos en economía naranja y agroindustria.
Más allá de si se está o no de acuerdo con partes de la Ley de Financiamiento, o incluso con todo el espíritu de la legislación, su desmonte enviaría el peor de los mensajes. A los constantes cambios en las reglas de juego tributarias en Colombia que aumentan la incertidumbre jurídica habría que sumarles la cautela de los inversionistas frente a las futuras decisiones de los tribunales sobre estas reglas.
No son pocos los analistas e instituciones que han manifestado su preocupación sobre los efectos fiscales de esta norma a partir del 2020. Fedesarrollo, por ejemplo, ha identificado un aumento del recaudo tributario si la Corte tumba la Ley, pero el precio a pagar sería alto: no pocas décimas de crecimiento de la economía en el futuro.
La administración Duque se ha mostrado confiada en que el hueco fiscal que muchos avizoran para los próximos años no se registrará. Este es sin duda uno de los desafíos más serios de la política económica del gobierno para el año entrante –y una de las críticas más fuertes a la Ley–. Pero una eventual caída de todo este paquete tributario no resolvería limpiamente estas dudas sino que produciría otros efectos negativos en términos de incertidumbre e inversión.
Asimismo, es necesario contemplar las consecuencias políticas de una decisión adversa para el Gobierno en la Corte. La urgencia fiscal llevaría al Ejecutivo a radicar de inmediato una nueva reforma tributaria que monopolizaría el debate en el Congreso. Otras iniciativas claves dentro de la agenda económica gubernamental, como los cambios en el régimen laboral, se verían amenazadas.
Por último, la eventual caída de la Ley de Financiamiento perturbaría una senda de crecimiento positivo que Colombia está registrando. Perspectivas que organismos internacionales ratifican en medio de una compleja tendencia regional y global de desaceleración. Frenar nuestra economía en estos momentos tendría un alto costo.
Francisco Miranda Hamburger
framir@portafolio.co
@pachomiranda
