A pesar de todos los esfuerzos que, de tiempo atrás, se han realizado para lograr que Colombia se integre a la economía global, la participación del comercio internacional -entendido como la suma de las importaciones y las exportaciones, en relación con el Producto Interno Bruto- continua siendo baja en el país, cuando se compara con la participación que alcanzan países de similar desarrollo al nuestro. De hecho, seguimos en niveles parecidos a los registrados cuando comenzó la apertura económica, a comienzos de los años noventa.
Esta situación puede atribuirse, en buena medida, al denominado costo país, que impide que las operaciones de comercio exterior se puedan efectuar de manera ágil y sin mayores erogaciones. En este ocupa papel preponderante la regulación que obliga a que las operaciones de intercambio con el extranjero se vean sometidas a una infinidad de trámites, controles, inspecciones, formalidades o sanciones exorbitantes que alejan al país de los estándares usuales.
Para remediar esta situación, se trabajó en la construcción de una normativa moderna que estableciera un balance entre control y facilitación, que dio como resultado la expedición del decreto 390 de 2016. Sin embargo, dicha normativa, al establecer que su vigencia seria escalonada, trajo consigo mayores dificultades, malos entendimientos y falta de seguridad jurídica en el campo aduanero.
Por ello, es de destacar que la administración Duque se diera a la tarea de poner fin a dicha incertidumbre y reorganizara el régimen de aduanas con la expedición del Decreto 1165 de julio 2 de 2019. Se espera con esta disposición, reactivar y potenciar el comercio exterior, entendiendo que las nuevas reglas de juego deben constituirse en el principal instrumento de promoción y apoyo al comercio exterior.
La tarea, en todo caso, apenas comienza, pues el texto escrito debe acompañarse con la reestructuración de la Dian, la sistematización de los procesos y un cambio cultural que permita contar con una aduana moderna. Según lo dispuesto, se establece un plazo de dos años para culminar el proceso de modernización, sin perjuicio que desde ya se pueda ir incorporando la tecnología de escáneres, dispositivos electrónicos y digitalización de procesos de forma que la transparencia, eficiencia, eliminación de papel y trámites administrativos sitúen al aparato aduanero a la altura que exigen los compromisos adquiridos ante la Ocde y la Organización Mundial de Comercio, a través del Acuerdo de Facilitación del Comercio. Así se podrán honrar los distintos tratados de libre comercio suscritos por Colombia y en los que se demanda un justo equilibrio entre facilitación y control.
Un factor importante en este proceso lo constituye el modelo de gestión del riesgo, que le permita a la Dian otorgar un tratamiento diferente a los usuarios, dependiendo de la confianza que cada uno de ellos le genera. El nivel máximo para los operadores de comercio exterior lo constituye el Operador Económico Autorizado -conocido como OEA-, figura creada en el marco de la Organización Mundial de Aduanas y la cual se ha implementado tímidamente hasta ahora.
El fortalecimiento de la figura en cuestión y la distinción entre categorías de usuarios, muy seguramente, le permitiría a la autoridad aduanera enfocar a sus esfuerzos en controlar el contrabando, tanto directo como técnico, el lavado de activos y la utilización de los cargamentos legales para el tráfico de sustancias ilegales, sin por ello penalizar la agilidad y eficiencia que demanda un mercado internacional altamente competido.
La tarea no es simple, pero el Gobierno la ha iniciado de manera adecuada, con la expedición del decreto. Ahora viene el desafío de completar las siguientes piezas del rompecabezas aduanero.
