Crecimiento económico y sostenibilidad fiscal. Esos son los platos fuertes que se servirán hoy, en un debate de candidatos presidenciales organizado por Fedesarrollo, la Cámara de Comercio de Bogotá y Portafolio. La cita busca poner en blanco y negro las posiciones de quienes tienen las mayores posibilidades de llegar a la Casa de Nariño con respecto a dos temas que inquietan a quienes le toman el pulso al país.
El motivo es que la prosperidad de esta y las generaciones futuras estará condicionada por lo que suceda en ambos frentes. No solo se trata de avanzar a buen ritmo, sino de conservar la casa en orden en lo que atañe a las cuentas públicas. Entre esos objetivos existe una clara conexión, pues difícilmente se puede conseguir lo primero, sin ser responsable en lo segundo.
Lamentablemente, el panorama no está despejado en ningún caso. Después de haber llegado a una velocidad aceptable durante buena parte de este siglo, el Producto Interno Bruto muestra incrementos mediocres, como el del 2017: 1,8 por ciento. Y aunque para este año las cosas pintan un poco mejor, pues habría una aceleración de casi un punto porcentual, seguimos por debajo del promedio histórico.
Para colmo de males, las esperanzas de una mejoría son modestas. Un cálculo de Fedesarrollo al 2030 habla de un crecimiento potencial del 3,5 por ciento anual, con tendencia a bajar al 3 por ciento a finales de la próxima década.
Semejante perspectiva quiere decir que nos demoraríamos cerca de 20 años para duplicar el tamaño actual de la economía, con lo cual será muy difícil generar los puestos de trabajo que se requieren para absorber los aumentos previstos en la oferta laboral, o consolidar los avances sociales que permitieron disminuir la pobreza desde el 2002. De tal forma, la gran pregunta es cómo hundir el acelerador y volver a un ritmo superior al 4 por ciento anual, algo que pasa por impulsar la productividad que es la asignatura pendiente.
Si la economía no crece rápido, será casi imposible evitar el deterioro de la situación fiscal, cuyas perspectivas son sombrías. Tal como van las cosas, el saldo en rojo de las cuentas estatales volverá a aumentar, a pesar de los compromisos explícitos de reducirlo. De un lado, los ingresos evolucionan de manera pobre, mientras que, del otro, los gastos se caracterizan por su inflexibilidad.
Aunque en el imaginario popular solucionar este acertijo es fácil si se eliminan la corrupción y prácticas como la distribución de ‘mermelada’, en la realidad las cosas son mucho más difíciles. Una mirada rápida a los números revela que el margen de maniobra es mínimo, por no decir nulo.
Ese es el motivo por el cual las firmas calificadoras de riesgos nos han puesto matrícula condicional, similar a la que se les impone a los estudiantes en riesgo de perder el año. Una degradación de las notas actuales que lleve a la pérdida del grado de inversión ocasionaría un aumento en el costo de la deuda pública y privada, sumado a una eventual salida de capitales foráneos destinados a la compra de bonos de Tesorería (TES) emitidos en pesos.
Por tal razón, la sostenibilidad de las finanzas públicas no está garantizada, ni mucho menos el cumplimiento de la regla fiscal. De los muchos dolores de cabeza que enfrentará el próximo presidente, este es uno de los más difíciles de curar, pues ningún remedio es popular: apretarse el cinturón afecta sobre todo la inversión estatal y hace imposible cumplir las promesas de campaña, mientras que buscar fuentes de ingreso obliga a una antipática reforma tributaria que los técnicos consideran inevitable.
Así las cosas, es clave que los candidatos pasen al tablero y expongan fórmulas para resolver el acertijo. La ciudadanía tomará nota sobre las propuestas para encontrarle la cuadratura a este círculo.