A finales de mayo próximo se completan cinco años desde cuando el Consejo Ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) aprobó iniciar conversaciones tendientes a que Colombia se convirtiera en nuevo integrante del organismo multilateral, al cual pertenecen 35 naciones. La hoja de ruta se definió en septiembre del 2013 y especificó la necesidad de que el país recibiera luz verde de 23 comités temáticos, que van desde estadística hasta educación, pasando por agricultura y pesca.
Al cabo de incontables reuniones, de modificaciones a las normas internas y de decisiones emanadas del Ejecutivo en Bogotá, se ha conseguido el voto favorable en una veintena de comités. Sin embargo, quedan todavía dos obstáculos importantes que pueden descarrilar la aspiración colombiana: el primero es lograr el respaldo del grupo que mira los temas de empleo, trabajo y asuntos sociales, citado para el 23 de marzo. El segundo es conseguir el apoyo del de comercio, todavía sin fecha definida.
En ambos casos la piedra en el zapato es Estados Unidos, cuyos reparos son conocidos. Durante la administración Obama los sindicatos estadounidenses expresaron sus dudas sobre la protección de ciertos derechos y la seguridad de un buen número de dirigentes. Algunas de esas preocupaciones persisten, pero tras el cambio de mando en la Casa Blanca, las prioridades ya no son las mismas.
En casos puntuales, como el manejo de la huelga de pilotos de Avianca, el gobierno ha sostenido que todo se ha hecho apegado a la ley. La declaratoria de ilegalidad del paro fue determinada por la Corte Suprema que actuó de manera independiente, en el espíritu de la separación de poderes. Por tal motivo, la impresión es que habrá humo blanco en este caso, así uno que otro masculle en la sesión de la semana próxima.
El hueso verdaderamente duro de roer es el siguiente. A pesar de que se ha tratado de conseguir el respaldo de Washington, la administración se muestra dura. Así quedó claro en una comunicación enviada por Robert Lighthizer, representante de comercio de Estados Unidos, a su contraparte en Colombia, María Lorena Gutiérrez.
El jefe del USTR –la sigla en inglés de la oficina que maneja las relaciones comerciales del Tío Sam con el mundo– no es ningún pintado en la pared. Un artículo aparecido en The New York Times lo describe como un asesor con enorme poder en Washington, cada vez más cercano a Donald Trump. Los aranceles que afectan al acero y el aluminio, así como la renegociación del Nafta están en la órbita de Lighthizer, descrito como de la ‘línea dura’.
Así quedó claro la semana pasada cuando una delegación colombiana viajó a la capital estadounidense a tratar el tema de la Ocde. En la reunión con el USTR se plantearon los temas de propiedad intelectual, la ley de derechos de autor y la chatarrización como los tres escollos principales.
Que las disposiciones del Ministerio de Salud le han caído muy mal a la industria farmacéutica norteamericana es conocido. El control de precios o la declaración de utilidad pública que, en la práctica, elimina la protección que da una patente han sido objeto de múltiples críticas en Estados Unidos. El Decreto 433 del pasado 5 de marzo empeoró el clima, al señalar que en la solicitud de aprobación de un nuevo medicamento se incluya el precio sugerido del mismo.
Que se divida la evaluación terapéutica de una medicina del componente económico es una solicitud. También se pide que haya avances en los otros dos puntos, a sabiendas de que al Gobierno le queda poco tiempo. Dependiendo de que se vea buena voluntad se podría citar el comité de comercio antes del 25 de abril, para que un mes después Colombia sea aceptada en la Ocde. Pero si no es así, esa aspiración quedará aplazada indefinidamente.