El rumor llevaba semanas circulando. Debido a ello, cuando la Contraloría General de la República anunció que había expedido un auto de imputación de responsabilidad fiscal en el caso Reficar, quienes lo han seguido de cerca no se sorprendieron. La expectativa se concentró en saber de cuánto sería el monto en cuestión y quién quedaría expuesto a tener que responder con su patrimonio por la suma fijada.
Dado el monto que busca recuperar la entidad –2.400 millones de dólares– no es de extrañar que unos hayan reaccionado con ceños fruncidos y otros con un suspiro de alivio. Entre este último grupo se encuentra un buen número de los integrantes de la junta directiva de Ecopetrol durante la época en que se adelantó la obra de la refinería y los cuales fueron eximidos “por no configurarse el elemento grave exigido por la ley, pues al cumplir con su misión como casa matriz, aseguraron la financiación del proyecto hasta su terminación”.
Si bien la veintena de imputados entre personas naturales y jurídicas tendrán diez días para rendir descargos, una vez el despacho del Contralor General decida surtir lo que se conoce como el grado de consulta, es difícil pensar que el proceso tome un giro radicalmente distinto. Así, una serie de individuos que en su momento ocuparon posiciones importantes y adoptaron determinaciones eminentemente técnicas, se exponen a la ruina personal y al descrédito profesional.
No hay duda de que para la opinión, esta es una manera de impartir justicia. De manera repetida, tanto funcionarios como comentaristas se han referido a Reficar como “el mayor escándalo de corrupción en la historia de Colombia”. A los ojos de la gente, el desfase en el presupuesto de una iniciativa que originalmente estaba calculada en 3.777 millones de dólares y acabó costando 8.326 millones, solo se explica por cuenta de la venalidad de unos cuantos.
Las cuentas, sin embargo, no confirman la existencia de un robo de las proporciones que usualmente se mencionan. La Fiscalía General habló de un supuesto peculado cercano a los 600.000 millones de pesos –unos 210 millones de dólares a la tasa de cambio actual–, que han dado pie a procesos penales que están en marcha. Por su parte, la Contraloría señala que “de los 4.500 millones de dólares adicionales, por lo menos 3.500 millones se habrían destinado a financiar mano de obra adicional, ocasionada por la baja productividad que fue persistente a lo largo de toda la ejecución del proyecto y sobre lo cual no se tomaron acciones preventivas ni correctivas, oportunas y efectivas”.
De adoptarse ese planteamiento, los administradores de una entidad que maneja recursos públicos tendrán que responder con su dinero por el valor calculado de diversos desfases. Los efectos de la ola invernal del 2010 o la huelga que promovió la Unión Sindical Obrera y llevó a un cese de actividades de varios meses, influyeron de manera negativa en el avance de la refinería. Cómo distinguir entre esos imprevistos y la calidad de la gestión de los gerentes de turno, es algo menos que imposible.
El precedente que se sienta tiene tanto de largo como de ancho, sobre todo en un país en el cual, de manera usual, se incumplen los cronogramas y los presupuestos. Llama la atención que la propia Contraloría –que durante años aprobó los estados financieros de Ecopetrol sin glosas– ahora responda con una sanción ejemplar, después del escándalo mediático.
Y aunque es entendible el afán de buscar culpables, esa práctica de crucificar a los funcionarios que de buena fe toman decisiones, es muy peligrosa. El mensaje de que hay cero espacio para equivocaciones puede llevar a que lo mejor sea no ejecutar los fondos asignados o a no encontrar a nadie sensato dispuesto a asumir riesgos patrimoniales inmensos, aparte del escarnio público.