Un fantasma recorre el mundo, el fantasma de la desigualdad. Organizaciones sociales, gobernantes de muchos países, el papa Francisco, y hasta el Fondo Monetario, se han manifestado frente a la cada vez mayor concentración del ingreso y la riqueza, y han alertado sobre sus peligrosas consecuencias políticas y económicas.
En Colombia, el tema no es nuevo. Desde mediados del siglo pasado, los planes de desarrollo de todas las administraciones han incluido en sus diagnósticos la situación de pobreza e inequidad que caracteriza nuestra sociedad y han propuesto diferentes estrategias para combatirla.
Los resultados han sido mixtos. Notables avances en la disminución de la pobreza y en el acceso a bienes básicos –salud, educación y vivienda– para sectores crecientes de la población. Las transferencias y subsidios monetarios entregados a los más vulnerables han jugado un papel destacado en estos resultados.
Desafortunadamente, no se puede decir lo mismo de la evolución de la desigualdad en la distribución de los ingresos. Si bien es cierto que se ha revertido la tendencia a la mayor concentración que se dio desde hace un cuarto de siglo, los indicadores muestran que todavía estamos peor que en los años ochenta del siglo pasado. El índice Gini de la distribución del ingreso era inferior a 0,5, mientras que ahora es de 0,52, hecho que contrasta con la evolución de la población pobre que en esa época era del 60 por ciento y ha disminuido a menos de la mitad.
En un foro realizado en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, en el que participaron columnistas de este diario, se hizo un amplio análisis del asunto, sus causas y efectos y su evolución. Además, se buscó explicar cómo habiendo disminuido significativamente el número de pobres, haya mayor desigualdad.
Una conclusión importante es que la inequidadl es multidimensional. Para disminuirla de manera sostenible es necesario combatirla desde diferentes ángulos. En concreto, hay desigualdad de oportunidades, ingresos y riqueza.
La primera se refiere al acceso a los bienes y servicios básicos y tiene una estrecha relación con la pobreza, tanto monetaria como de necesidades básicas insatisfechas; la segunda depende de la forma como se reparten los frutos del crecimiento económico; por último, la tercera se refiere a la propiedad de los activos de la sociedad, que está determinada por los procesos de acumulación y reproducción del capital.
La gran mayoría de las políticas contra la desigualdad en Colombia se han enfocado en las oportunidades. Ello explica el aumento del gasto público para la ampliación de cobertura en bienes y servicios básicos de salud, educación, vivienda, agua y energía. Por eso la reducción de los índices de pobreza es, sin duda, notable. Solo en los planes de desarrollo de los dos últimos gobiernos se plantearon metas específicas para mejorar la distribución del ingreso.
Un común denominador de esas estrategias es que nunca se ha planteado propuesta alguna para disminuir la concentración de la riqueza. Este es un tema que ni siquiera se menciona, ni existen estadísticas oficiales que permitan medirlo. Los pocos indicadores muestran una situación de inequidad todavía peor que en el caso de los ingresos: por ejemplo, un Gini de la propiedad de la tierra de 0,88, que es enorme.
El Pacto por la Equidad de la actual administración continúa esa tradición y asigna total prioridad al objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades para todos, con especial énfasis en el acceso a servicios públicos de calidad. Es una condición necesaria, pero no suficiente para desterrar el fantasma de la desigualdad. Si no se enfrenta la mala distribución del ingreso y la peor distribución de la riqueza, será imposible construir una sociedad justa y en paz.