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Ricardo Ávila
Editorial

El ánimo de lucro en la mira

Entre aquellas fundaciones o asociaciones creadas el año pasado, solo 48 por ciento seguirían en el nuevo régimen tributario especial.

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
POR:
Ricardo Ávila
febrero 04 de 2018
2018-02-04 05:54 p.m.
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A juzgar por los números, Colombia es uno de esos países en los cuales se pone en práctica aquello de ‘haz el bien sin mirar a quien’. La impresión sobre ese carácter solidario de muchos se deriva de la existencia masiva de entidades sin ánimo de lucro (Esal): existen casi 194.000 a lo largo y ancho del país, incluyendo 7.863 que nacieron el año pasado.

Muchas de esas personas jurídicas desarrollan labores admirables. Desde asociaciones hasta fundaciones, abundan los ejemplos de entes que trabajan por las poblaciones más vulnerables, que impulsan la educación, la investigación científica o consiguen que el crédito formal llegue a sectores desatendidos por la banca tradicional, entre múltiples áreas de acción.

Lamentablemente, al amparo de un mecanismo que es recompensado con la exención de impuestos, también aparecen las prácticas criticables. Desde hace años, la prensa ha documentado cómo el esquema de las Esal es utilizado por la clase política, las personas de mayores ingresos o los contratistas inescrupulosos para manejar grandes sumas de dinero, disimular activos o hacer pagos millonarios por debajo del radar de las autoridades. Para decirlo con franqueza, el ánimo de lucro aparece en más de una ocasión.

Debido a ello, una de las recomendaciones de los expertos que a finales del 2015 entregaron su informe sobre la reforma tributaria estructural fue ponerle el foco al tema.
La Ley 1819, aprobada por el Congreso un año más tarde, le metió el diente al asunto pero la reglamentación de los artículos respectivos solo se vino a conocer este diciembre.
Que aquí puede haber mucha tela para cortar, es algo que se intuye. Las 186.117 Esal creadas hasta el 2016 declararon un patrimonio bruto de 495 billones de pesos en ese periodo gravable, uno líquido de 213 billones e ingresos brutos por 130 billones de pesos. No se trata de cifras menores, sino de montos que ameritan un examen cuidadoso, sobre todo porque el valor de los impuestos pagados llegó a 120.000 millones, menos del uno por mil de los ingresos brutos.

Hoy, las cosas comienzan a ser a otro precio. Aunque la exención tributaria permanece, solo cubre un grupo definido de actividades meritorias entre las que están educación, salud, protección a población vulnerable o cultura. Si antes lo que primaba era la autocalificación, ahora la Dian será la encargada de determinar quién cumple con los requisitos.

Ello obliga a actualizar el Registro Único Tributario y aportar información específica. Si bien habrá que mirar las cosas en detalle, el primer corte se le aplicó a las Esal creadas en el 2017, de las cuales tan solo el 48 por ciento cumplió con los trámites indicados.

Es posible que en algunas casos no se hayan mandado los papeles por descuido o desconocimiento de las reglas, pero también es factible que el cedazo haya empezado a operar. En todo caso, el gran hito será el 30 de abril, fecha en la cual las demás Esal tendrán que adelantar un proceso similar. Las que no lo hagan deberán pagar la tarifa de renta del 34 por ciento sobre sus excedentes.

Aparte de lo anterior, vale la pena tener en cuenta que ahora se ponen límites a los tipos de contratos con los fundadores y sus vinculados, para que si hay giros, sean en condiciones de mercado y no para sacar los excedentes a escondidas. Así mismo, si una Esal hace una obra pública, deberá pagar impuesto pleno o informar públicamente quienes son sus donantes.

Como se ve, las condiciones cambian de manera radical y deberían ayudar a cerrarle la brecha a la evasión. ‘El que nada debe, nada teme’, dice el refrán, por lo cual las asociaciones y fundaciones que trabajan bien seguirán como antes, pero aquellos que tenían otros propósitos encontrarán que tendrán que pagar impuestos, como el resto de los colombianos.

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