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Ricardo Ávila
Editorial

El árbol de Navidad

Algunos creen que el proyecto del plan de desarrollo es una especie de árbol de Navidad que incluiría más de un regalo envenenado.

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
POR:
Ricardo Ávila
febrero 07 de 2019
2019-02-07 08:57 p.m.
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Hace algo más de medio siglo se institucionalizó en Colombia el diseño de una hoja de ruta para el gobierno que arrancaba su labor cada cuatrienio. La idea era que en un país con escasez de recursos y abundancia de desafíos, era necesario definir prioridades que se reflejaran en políticas públicas y partidas presupuestales.

Mucha agua ha pasado debajo de los puentes desde esa época. A pesar de que la idea de que el Estado contaba con la capacidad suficiente para dirigir la economía en un sentido determinado se revaluó cuando llegó el momento de apertura de mercados y fomento a la competencia, el ejercicio continuó y de hecho tuvo un refuerzo estructural en el momento en el cual se promulgó la Constitución de 1991.

Es por cuenta del esquema definido en esa ocasión, que ahora hay un proceso rígido que garantiza la participación ciudadana y exige que el Congreso se pronuncie antes de que termine el mes de mayo. Pocos ciudadanos, sin embargo, asumirán el desafío de leerse completo el extenso plan de desarrollo que tendrá que ser adoptado en una ley, cuyo texto fue radicado el miércoles en el Capitolio.

Los grandes trazos de la iniciativa se conocen desde hace algunos meses. El propósito de un programa de gastos gubernamentales tasado en 508 billones de pesos, se complementa con una serie de metas todas encomiables: crear 1,6 millones de empleos; sacar a 2,9 millones de personas de la pobreza; duplicar la inversión pública y privada en ciencia y tecnología; detener el crecimiento de la deforestación; o disminuir la tasa de homicidios a su punto más bajo en 27 años, entre otros propósitos.

Desde el punto de vista conceptual, hay iniciativas verticales y transversales, con un componente de estrategias regionales. Las piedras angulares son legalidad, emprendimiento y equidad, que responden a lo esbozado en el discurso de posesión de Iván Duque, el pasado 7 de agosto. Es de imaginar que el accionar de los ministerios se ajustará a este diseño, con el fin de que el Ejecutivo trabaje de manera coordinada.

Todo eso está muy bien y ojalá los parlamentarios hagan la labor de examinar la iniciativa y pidan explicaciones a los ministros responsables de los distintos temas. Igualmente, vale la pena que se detengan para examinar el texto que trata múltiples materias, pues la propuesta incluye 187 artículos que se extienden a lo largo de 106 páginas. En comparación, la recientemente aprobada ley de financiamiento, era sustancialmente más corta.

Longitud aparte, el punto de fondo son las reformas planteadas que, en más de un caso, no son de poca monta. Por ejemplo, la intención de crear una licencia minera exprés generará controversia, al igual que la variación al sistema de regalías que les quita facultades a los entes regionales. Un buen número de economistas está horrorizado con la idea de quitarle competencias a Planeación en lo relacionado con la inversión pública y centralizar el proceso en el Ministerio de Hacienda, algo que tiene tanto de largo como de ancho.

Por otra parte, se le dan facultades al Presidente para eliminar o funcionar entidades o se abre la puerta para ampliar el foco del cobro por valorización. El sector agropecuario vería el arribo de la cédula rural, mientras que en lo que atañe a las concesiones viales se ensaya otra salida para concluir las obras del caso cuando los contratos se reviertan. La economía naranja sale beneficiada y se cumplen los compromisos con respecto a la universidad pública.

Muchas de esas iniciativas están justificadas y buscan hacer que el gasto público sea más eficiente. Aun así, hay quienes creen que el proceso se ha convertido en una especie de árbol de Navidad lleno de adornos, en el cual puede aparecer más de un regalo envenenado. Ojalá ese no sea el caso esta vez.

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