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Ricardo Ávila
Editorial

El resultado opuesto

El proyecto de ley que busca amnistiar a los deudores morosos que se pongan al día, puede cerrarles las puertas del crédito a miles de personas.

Ricardo Ávila
Exdirector de Portafolio
POR:
Ricardo Ávila
abril 02 de 2019
2019-04-02 09:15 p.m.
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Cuando a finales de marzo la plenaria del Senado aprobó, por un amplio margen de 86 votos a favor, un proyecto de ley impulsado por dos senadores de diferentes colectividades, más de uno tomó nota. A fin de cuentas, en un Capitolio en el cual son notorias las distancias entre bancadas, llama la atención que una propuesta sea respaldada de manera casi unánime. Si bien falta el paso por la Cámara de Representantes, es evidente que esta es una idea con muchos amigos.

La iniciativa en cuestión busca modificar la Ley Estatutaria 1266 del 2008 que se refiere al habeas data. Dicha norma sirvió para ponerle orden al tratamiento de información de las personas y establecer reglas de juego claras con respecto al uso de la misma. Esto resultó clave para las entidades que otorgan préstamos o venden a plazos, las cuales acuden a las fuentes disponibles para saber cómo se ha comportado alguien a lo largo de su vida crediticia.

Más allá de las bondades del esquema, hay quejas por parte del público. La más recurrente es que un mal reporte en las centrales de riesgo equivale a una mancha que acompaña al individuo a lo largo de su vida y en más de una ocasión les cierra las puertas. Bajo esa manera de ver las cosas, la única opción disponible, cuando alguien necesita dinero, es acudir al mercado extrabancario a través de modalidades como el conocido ‘gota a gota’.

Palabras más, palabras menos, esa es la justificación de una propuesta que contempla una amnistía para quien se ponga al día en sus obligaciones en los primeros seis meses de vigencia de la ley. Adicionalmente, si alguien tiene una deuda atrasada inferior al 20 por ciento del salario mínimo, no podrá ser reportada sin que se le notifique al menos dos veces. Y aquel que aparezca como moroso tendrá derecho a que su nombre quede limpio tras cumplirse el mismo tiempo del atraso, con un máximo de dos años.

Todo lo anterior suena justo. Dentro del escenario que hace carrera en el Congreso, si miles de personas salen de la ‘lista negra’ podrán acudir a una entidad financiera, pues ya no habrá duda de que son buena paga. Así será posible democratizar el crédito y conseguir que todos prosperen.

El problema es que lo popular no necesariamente es lo correcto. Varios economistas han expresado que en caso de que la iniciativa termine con éxito su trámite, puede acabar ocurriendo exactamente lo contrario de lo que se persigue.

La razón es muy sencilla. Múltiples estudios muestran que el problema principal a la hora de acceder a un préstamo es la asimetría en la información sobre los clientes. El camino largo para quien arranca el proceso, es darse a conocer, lo cual implica abrir una cuenta y mostrar unos hábitos de manejo de saldos, hasta construir la reputación de ser confiable.

Con el fin de aminorar los tiempos, existen los burós de crédito o centrales de riesgo, que registran la manera en que un individuo cumple con sus compromisos: impuestos, servicios públicos y obligaciones financieras. La suma de esos elementos sirve para construir un perfil de riesgo que no es otra cosa que la probabilidad de pagar cuentas oportunamente.

Al borrar de manera obligatoria una porción importante de esa información, las entidades quedan a oscuras, con lo cual se aplica el principio de ‘ante la duda abstente’. En últimas, ello acaba sacando del sistema a cientos de miles de usuarios sobre los cuales no hay claridad, con lo cual se produciría el efecto opuesto al que se buscaba originalmente.

Lo anterior no obsta para que haya ajustes, como el de crear una central pública de riesgo que consolide cierta información. Pero eso es muy distinto a alterar la historia crediticia de los colombianos de un plumazo, con la probabilidad de que puertas que se habían abierto, se cierren para siempre.

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