Nada hacía pensar que ese 28 de abril comenzaría la crisis de mayor envergadura en la historia del sector eléctrico en Colombia. El reporte que justo hace dos meses recibieron los técnicos de EPM respecto al taponamiento de uno de los túneles que desviaba las aguas del río Cauca debido a la construcción de Hidroituango fue recibido con inquietud, pero con el convencimiento de que el impasse se superaría en cuestión de días.
Dos semanas después, la perspectiva era muy distinta. Las redes sociales comenzaron a hablar de una tragedia de proporciones bíblicas que podría dejar más de medio millón de damnificados en cuatro departamentos, desde Antioquia hasta Bolívar. La orden de evacuación que llevó a 6.500 personas a refugios temporales convenció a la mayoría de que la avalancha era inevitable.
De la noche a la mañana, aparecieron expertos que señalaron que un desenlace desastroso era previsible, no solo por la geología de la cordillera sino por la pobre calidad de la ingeniería nacional. La aparición de un contratista brasileño disparó los rumores con respecto a posibles adjudicaciones amañadas en una obra valorada en más de 11 billones de pesos.
Frente a tanta efervescencia, resulta curioso, por decir lo menos, cómo el tema desapareció de los titulares de los medios de comunicación. Si bien todavía hay centenares de familias que viven en albergues y las luces de alerta siguen encendidas, su intensidad es menor. Otros temas que van desde la política hasta el fútbol despiertan ahora la atención de la ciudadanía.
Falta todavía un buen tiempo antes de que el mayor proyecto de generación de energía en la historia del país retome el rumbo perdido. Los técnicos señalan que solo cuando se deje de evacuar agua por la casa de máquinas y sea posible evaluar los daños que la presión del líquido ocasionó, será posible definir un nuevo cronograma. En el mejor de los casos, el atraso llegaría a unos cuantos meses; en el peor, ascendería a varios años. Según XM, el aplazamiento sería manejable si no va más allá del 2022, cuando se coparía la capacidad existente.
Mientras se conocen las respuestas a las incógnitas que persisten, no está de más mirar hacia atrás y entender las lecciones que deja la crisis. La primera es que la respuesta de EPM fue la correcta. Esta consistió en poner como máxima prioridad la protección de vidas, tanto de los trabajadores en la obra como de las comunidades ribereñas. Que no haya muerto nadie no es fruto del azar, sino de haber activado los protocolos del caso, así estos hayan afectado la cotidianidad de miles de individuos.
El segundo elemento que vale la pena destacar es la decisión de elevar la presa en tiempo récord y terminar los vertederos. Aunque el agua no llegó a fluir, el riesgo de un desbordamiento debía ser contenido sin poner en peligro el dique. El compromiso de miles de trabajadores que asumieron el reto y trabajaron sin descanso en condiciones adversas solo puede describirse como admirable.
También, vale la pena destacar el comportamiento de las autoridades, que tras varios desencuentros por fin aprendieron a tocar la misma melodía. El Gobierno nacional hizo su parte y la designación de un puesto de mando unificado mostró que la experiencia que ha acumulado Colombia en el manejo de desastres y situaciones críticas no ha sido en vano.
Todo lo anterior hace pensar que lo peor quedó atrás, aunque quedan muchos desvelos. El taponamiento definitivo de los túneles de descarga es una tarea pendiente, al igual que la construcción de un pozo vertical que permita el eventual vaciado del embalse. Saber cuánto le costará el imprevisto a EPM es una incógnita, pero ahora hay más confianza en que la empresa sabrá salir adelante. El silencio de las casandras es elocuente.
