Cualquier observador desprevenido bien podría creer que el informe sobre perspectivas económicas de América Latina, que fue dado a conocer hace un par de días en Bruselas, se concentra ante todo en las proyecciones de crecimiento para la región. Y aunque es verdad que en el trabajo que elaboraron en conjunto entidades como la Ocde, la CAF y la Cepal, en colaboración con la Comisión Europea, hay los pronósticos del caso, el verdadero aporte está en otro lado.
Y es que el documento en cuestión se concentra en la creciente insatisfacción de los ciudadanos latinoamericanos con sus respectivas administraciones e instituciones públicas. Según el escrito, la proporción de personas que tiene poca o ninguna confianza en el gobierno aumentó a 75 por ciento en el 2017, un alza de 20 puntos porcentuales frente al 2010.
Por contradictorio que parezca, la gran mejora observada en la realidad social de la mayoría de las naciones de la zona explica lo sucedido. Tal como ocurre en Colombia, por primera vez en la historia, el tamaño de la clase media consolidada –ingresos diarios en 10 y 50 dólares, ajustados por la paridad del poder adquisitivo respectivo– supera al de la población que está por debajo de la línea de pobreza. También es mayor el volumen de los que están entre una y otra categoría –la llamada clase vulnerable–, que ganan lo suficiente para cubrir sus necesidades, pero que corren el riesgo de volver a ser pobres si pierden su trabajo.
El aumento en las condiciones de vida viene acompañado de mayores exigencias. Unos piden que la calidad de la educación sea la adecuada o que los servicios de salud aumenten su cobertura, mientras que otros se concentran en los problemas de movilidad, o demandan a gritos que la inseguridad disminuya. El habitante promedio en la región siente que de puertas para adentro está mejor, pero una vez que franquea las puertas de su casa, las cosas se encuentran tan mal como siempre o peor.
Los efectos de la insatisfacción son perversos. Si la gente cree que los impuestos que paga no se ven retribuidos en mejores servicios estatales o se van en corrupción, aumenta la propensión a no pagarlos. Para el 2015, más de la mitad de los latinoamericanos encuestados estaban dispuestos a evadir sus obligaciones con el fisco.
Debido a ello, el llamado hecho por la Ocde y los otros organismos, es a construir un nuevo vínculo entre el Estado, las instituciones y el mercado. En la medida en que las instituciones públicas recuperen la legitimidad perdida, será posible generar un círculo virtuoso que se traduzca en mayores oportunidades.
De lo contrario, sería imposible romper lo que los economistas conocen como la trampa del ingreso medio. Esta consiste en quedarse estancados en el mismo punto, algo que es evidente en América Latina después de que terminó la bonanza de precios de los bienes primarios. Si bien volvimos a crecer, las tasas de ahora apenas dan para sostenerse, lo cual no permite disminuir la pobreza o solucionar otros retos.
La advertencia también es válida en Colombia. A pesar de que en lo que va de este siglo la pobreza cayó casi a la mitad y la clase media se duplicó en tamaño, tres de cada cuatro personas en las ciudades más grandes consideran que el país va por mal camino. La desaceleración de los últimos años no hace más que aumentar la incertidumbre sobre el futuro, mientras la calificación que reciben los poderes públicos está por los suelos.
Los planteamientos señalados deberían servirles a los candidatos que aspiran a la Presidencia de la República para entender que el desafío que tienen es inmenso. Y que si quieren una economía que ande mejor, están obligados a hacer una reforma institucional de fondo para que la confianza en el gobierno retorne. No hay de otra.
