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Ricardo Ávila
Editorial

Sin fórmulas mágicas

La realidad del gasto público en Colombia es peor de lo que se creía, dice la Comisión que analizó el tema

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
POR:
Ricardo Ávila
enero 16 de 2018
2018-01-16 08:30 p.m.
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El pasado 22 de diciembre, el Gobierno publicó el resumen ejecutivo del informe de la Comisión del Gasto, cuyo texto completo se conocería a finales de enero. El documento, tanto el corto como el largo, deberían ser objeto de una cuidadosa lectura por parte de los candidatos que aspiran a la Presidencia de la República, con el fin de que estos entiendan la realidad que les espera el 7 de agosto.

Contra lo que podrían esperar los optimistas, aquí no hay fórmulas mágicas. De hecho, los expertos señalan que bajar las erogaciones estatales en la magnitud y velocidad que indica el Marco Fiscal es difícil, dada la inflexibilidad del gasto, además de las repercusiones económicas y sociales indeseables que ello podría tener. La creencia de que terminar con un supuesto despilfarro es la solución, no tiene mucha base.

Lo anterior no va en contra de que las cosas se puedan hacer mejor. Por ejemplo, el ejercicio presupuestal tiene limitaciones institucionales y gerenciales enormes. La recomendación más importante aquí es unificar todo en una sola entidad, porque eso de que Hacienda maneja la parte de funcionamiento y Planeación la de inversión, está mandado a recoger.

No menos desafiante es la existencia de múltiples presupuestos (Nación, entidades territoriales y regalías) que se rigen por reglas y procedimientos diferentes, lo cual exige adoptar métodos de control e información modernos. También clave es la propuesta de crear un Consejo Fiscal independiente del gobierno y los políticos, que, además de hacer un seguimiento y análisis crítico de las finanzas públicas, cuantifique el costo de las iniciativas de ley en curso y de las demandas en estudio, y lo haga conocer a la sociedad.

Por otra parte, el reporte destaca temas que están bajo el radar de la opinión. El valor de 11,2 billones de pesos que representan las sentencias contra el Estado en los últimos diez años, muestran la magnitud de un problema descomunal, sin hablar de contingencias por otros 18 billones en los diez años que vienen.

A este respecto, se insiste en la reglamentación del Artículo 90 de la Constitución, que incomprensiblemente, sigue pendiente. Ello ha dejado la decisión sobre casi todos los aspectos sustantivos de las demandas a discreción los jueces, sin que operen reglas o límite alguno. Solo así se le podría poner coto a la práctica de abogados que han encontrado un jugoso negocio demandando al erario.

La Comisión clama por simplificar y estandarizar los mecanismos de contratación y compras públicas y la ampliación de la cobertura de Colombia Compra Eficiente. Varias sugerencias específicas y concretas en materia normativa y procedimental buscan fortalecer la competencia y blindar los recursos para que los corruptos no se los queden.
Se recomienda que solo en casos muy contados y enumerados taxativamente en la ley pueda haber lugar a contratación directa, y que cuando haya involucrados fondos públicos, los procesos de contratación y compras pasen, sin excepción, por un sistema de control.

Aunque suena increíble, no se sabe cuál es el tamaño del empleo público, debido a la poca información existente y las conocidas nóminas paralelas de contratistas. El mérito pesa poco en el ingreso al servicio civil y las evaluaciones en la continuidad en el mismo, haciendo imposible asegurar que los servidores son los más capacitados para los cargos y cuentan con los valores más altos.

Aquí también es evidente la necesidad de hacer un cambio institucional, algo que no será fácil. Tampoco será sencillo meterle la mano a los regímenes especiales de pensiones que favorecen a militares, policías y maestros, o poner en cintura la salud. Enderezar las cargas requiere liderazgo político, pero no hay de otra. De lo contrario, la plata pública se seguirá gastando mal y alcanzará para todavía menos que ahora.

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