Tal como lo determinan las normas, la semana pasada el Ministerio de Hacienda radicó en el Congreso el proyecto de ley de presupuesto para la vigencia del 2019. Aunque su ejecución le corresponderá al Gobierno entrante, por esas cosas del calendario, la elaboración del mismo estuvo a cargo de la administración saliente.
La experiencia de transiciones similares hace altamente probable que la iniciativa sea sometida a una cirugía profunda cuando comience la discusión de fondo en el Capitolio, en cuestión de semanas. A fin de cuentas, las prioridades no son las mismas y el que llega desea incluir partidas que reflejen las promesas de campaña, independientemente de que el margen de maniobra sea estrecho.
Así un comunicado expedido el viernes por la Casa de Nariño reitere que el ejercicio de planeación de ingresos y gastos para el año que viene es “fiscalmente responsable”, los observadores ya comenzaron a señalar los elementos más destacables de la propuesta. En primer lugar, salta a la vista que la cifra total muestra un crecimiento de casi el 11 por ciento, pues pasa de 234 a 259 billones de pesos.
La causa de un incremento que supera, con creces, la expansión nominal prevista para la economía colombiana, es el servicio de la deuda, que experimenta un salto de 39 por ciento, superando los 66 billones de pesos. Como el renglón de funcionamiento también sube en 7 por ciento, la gran damnificada es la inversión, que se reduce en más de 9 por ciento, lo que equivale a un recorte cercano a 3,6 billones de pesos.
Aunque es encomiable que la educación sea el renglón que recibe las asignaciones más grandes, o que la salud sea la rama que tendrá la mejora porcentual de mayor tamaño, otras áreas sensibles se verán afectadas, como es el caso de la agricultura. Es previsible, por lo tanto, que quienes integren el nuevo gabinete tratarán de defender el espacio que tenían y de, incluso, involucrar a la Casa de Nariño en la discusión.
De otro lado, es de imaginar que la proyección de ingresos tributarios también será examinada con lupa. Dado el mediocre comportamiento de los recaudos de impuestos en el 2018 –que posiblemente obligue a un recorte presupuestal antes de diciembre–, habrá quien diga que para el próximo año se están haciendo cuentas alegres, a pesar de que la mejora en los precios del petróleo implicará que los impuestos que pagan las empresas del sector extractivo suban y que Ecopetrol gire una buena suma por concepto de dividendos.
No obstante, aquí la mayor fuente de incertidumbre es la reforma con la cual se ha comprometido el presidente electo, orientada, en principio, a disminuir la carga de las personas jurídicas y a crear estímulos para diversas actividades. Para que la propuesta no obliguen a la administración Duque a apretarse el cinturón desde el primer momento, habría que encontrar fuentes de fondos adicionales, sobre todo si la intención es cumplir con la regla fiscal que plantea una reducción cercana a los 7 billones de pesos en el déficit del 2019.
Y aunque en la ciudadanía ha calado el mensaje de que cuadrar las cuentas será fácil si se reduce la publicidad oficial y se elimina la conocida ‘mermelada’, en la práctica las cosas no serán tan sencillas. El motivo es que aquello que los economistas describen como la inflexibilidad del gasto, es verdad.
De tal manera, Alberto Carrasquilla, quien ya conoce estas lides, deberá convencer no solo a sus colegas de gabinete, sino a su jefe, de que existe, en la práctica, una notoria camisa de fuerza. Si bien se podrán trasladar unas partidas aquí y otras allá, el gobierno de Duque descubrirá pronto que una cosa es lo que se dice cuando se buscan votos y otra cuando toca enfrentarse a la realidad. Una realidad en la cual la estrechez será la norma y no la excepción.