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Ricardo Ávila
Editorial

Sin paños de agua tibia

Que el índice de percepción de corrupción en Colombia muestre un deterioro, es algo que debe ser entendido como un llamado a la acción.

Ricardo Ávila
Exdirector de Portafolio
POR:
Ricardo Ávila
enero 30 de 2019
2019-01-30 09:45 p.m.
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La diferencia frente al pasado reciente es solo de un punto menos, pero el obtener una calificación de 36 sobre 100 posibles, le bastó a Colombia para descender tres puestos en el índice de percepción de corrupción que elabora Transparencia Internacional. Debido a ello, nos encontramos en la posición 99 entre 180 países cubiertos por dicha medición, muy por debajo de Uruguay y Chile, que son los de mostrar en América Latina. Somos los número 19 entre 32 naciones de la región y aunque superamos a México, Ecuador, Perú o Brasil, eso difícilmente sirve de consuelo.

El motivo es que llevamos años en la parte baja de la tabla. Es cierto que la clasificación responde a impresiones subjetivas que reflejan implícitamente el clima de opinión en un momento determinado, pues en ninguna parte se encuentran estadísticas confiables sobre la venalidad. En el caso colombiano, el indicador dado a conocer esta semana es el resultado de combinar ocho fuentes distintas que abarcan lo que dicen analistas, académicos o inversionistas, con respecto a este flagelo.

No hay duda de que el veredicto es inquietante. A pesar de las reformas adelantadas en años pasados, el resultado en cuestión va en la misma línea de lo que muestran las encuestas, en donde el deterioro es incuestionable. Basta recordar que sondeos como Latinobarómetro muestran que si en el vecindario la lista de problemas por resolver la encabezan la seguridad o el empleo, en Colombia es la corrupción.

Aunque siempre se puede adoptar una actitud cínica y señalar que las cosas siempre han sido así, vale la pena reconocer el peligro de cruzarse de brazos. El más grande de todos es que este cáncer corroe la credibilidad en las instituciones, algo que afecta desde la calidad de la democracia, hasta la voluntad de invertir por parte del sector privado. No menos grave es la creación de círculos viciosos que llevan a que el tumor inicial haga metástasis y aparezca en todas las ramas del poder público.

Esa parece ser la realidad en Colombia. Aparte de que el Legislativo carga un pesado fardo, por cuenta de las prácticas de quienes buscan llegar a cargos de elección popular y ponen en marcha esquemas de compra de votos, el Ejecutivo se ha convertido en una especie de vara de premios que dispensa puestos y contratos. Para colmo de males, escándalos como el del ‘cartel de la toga’ muestran que hasta quienes ocupan las más altas dignidades en la rama Judicial, caen en la tentación del dinero fácil. No todas las manzanas están podridas, pero la gente cree que las sanas son cada vez menos.

La percepción de que vamos de mal en peor se sustenta en los hechos. Ayer, sin ir más lejos, el director de la cárcel La Modelo de Bogotá fue arrestado, junto con cinco funcionarios del Inpec, tras ser acusado de liderar un esquema orientado a conceder beneficios a los reclusos y permitir la entrada al penal de sustancias y artículos prohibidos.

No faltará quien subraye que acciones como esta prueban que hay esperanza. Y aunque no todo es impunidad, la ciudadanía se queja de la lentitud en los juicios, la falta de sanciones ejemplares o el abuso de beneficios como el de la casa por cárcel. Para muchos, el mensaje es que en el país el crimen sí paga.

Debido a ello, vale la pena tener en cuenta lo dicho por Transparencia por Colombia, que aconseja avanzar en tres frentes. El primero es el liderazgo del Gobierno encabezado por Iván Duque, tanto a la hora de impulsar cambios estructurales, como de proponer nuevas estrategias. El segundo es recuperar la legitimidad del sistema judicial y el tercero se basa en una agenda de reformas, comenzando con las derivadas de la consulta anticorrupción de agosto pasado. Solo así se podrá detener el progreso de un mal, que definitivamente no se cura con paños de agua tibia.

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