No es necesario salir a las calles bogotanas por estos días para darse cuenta de que varias zonas de la capital de los colombianos están llenas de basura. Tanto los noticieros, como la prensa y las redes sociales muestran imágenes de desperdicios acumulados en las aceras, ante lo cual se escuchan las protestas de la ciudadanía. El plan de choque destinado a atender las zonas más críticas, acaba usualmente estrellándose contra una fotografía aquí o el testimonio indignado de un vecino allá.
Aunque en estos casos lo más fácil es poner en la picota a las autoridades de turno, y en concreto al alcalde Enrique Peñalosa, vale la pena mirar las cosas con cabeza fría y entender cómo se gestó una crisis cuya intensidad debería disminuir del todo la próxima semana. Y es que el lunes propio arrancan los nuevos operarios del servicio de aseo, escogidos tras una licitación abierta adjudicada semanas atrás, los cuales cuentan con la capacidad necesaria para limpiar con rapidez vías y andenes.
Solucionar la emergencia no impide, sin embargo, hacer un juicio de responsabilidades para evitar que paguen justos por pecadores. Aquí lo que cabe preguntarse es cómo se llegó a una situación que no debía haberse presentado, pues el proceso de renovación se realizó de manera transparente.
La respuesta más simple es que la culpa inmediata le corresponde al vandalismo. Los videos que muestran a decenas de operarios de la firma Aguas de Bogotá dedicados a dañar 67 camiones que antes recorrían una docena de localidades, son elocuentes. Es obligación de las autoridades judiciales adelantar las investigaciones y castigar con rapidez a los culpables de afectar el patrimonio del Distrito Capital, pues es muy diferente el derecho a la protesta al destrozo de los bienes públicos.
No obstante, la verdadera culpa recae en el manejo irresponsable de la administración de Gustavo Petro, que en contra de viento y marea se empeñó hace seis años en que una empresa de capital público hiciera una labor que estaba en manos privadas. Los errores cometidos son incontables, aunque vale la pena destacar las multas por 91.000 millones de pesos que tuvo que pagar la Tesorería distrital o el desgreño administrativo que llevó a la contratación de cerca de tres mil personas.
Desenredar una madeja que incluye docena y media de sindicatos es algo que tomará tiempo, sin contar los recursos que se irán en indemnizaciones y liquidaciones. En una urbe que enfrenta tantos desafíos como Bogotá, resulta increíble que se tengan que desperdiciar esfuerzos y dinero por cuenta de la incompetencia de quien ocupó el Palacio Liévano en el pasado cuatrienio.
Irónicamente, es el propio exalcalde el que ha enfilado baterías contra su sucesor. Trinos y declaraciones buscan pescar en el río revuelto del descontento, ante la insatisfacción que se expresa en las encuestas por lo que pasa en la ciudad. Para alguien que está en plena campaña presidencial, la crisis de las basuras es una oportunidad de oro a la hora de buscar votos, pues la memoria del electorado es corta.
Y Petro no es el único con las manos en masa. Desde el Polo Democrático hasta la Farc, diferentes partidos ven un rédito posible en las urnas, al apoyar los reclamos de los trabajadores. En cambio, brillan por su ausencia las críticas de los dirigentes a los destrozos y las intimidaciones a quienes siguieron cumpliendo con su trabajo.
Ante lo sucedido, la administración distrital está en la obligación de evitar nuevos incidentes, lo cual implica aumentar el nivel de alerta con el fin de evitar bloqueos o ataques. Si algo deja claro un episodio que tan mal huele, es que la táctica del ‘todo vale’ vuelve a hacerse presente por parte de sectores de la opinión que creen que la lucha por el poder, va más allá de la confrontación ideológica.