Para ningún colombiano pendiente de las noticias es desconocido que la migración venezolana es uno de esos desafíos que nadie tenía en el radar hace dos años, pero que ahora constituyen uno de los principales desafíos del país. El motivo es que la llegada de personas del otro lado de la frontera solo puede describirse como intempestiva.
De acuerdo con Migración Colombia, a finales de agosto vivían en el territorio nacional 935.583 ciudadanos de Venezuela a los cuales hay que agregarles unos 300.000 colombianos que decidieron retornar a su patria, ante la debacle dejada por el chavismo. Males como escasez, carestía, inseguridad y falta de oportunidades son los que explican la peor crisis humanitaria en la historia reciente del hemisferio.
Según los reportes provenientes de la zona limítrofe, el flujo de los que llegan no se detiene. Los cálculos hablan de una entrada neta de 5.000 venezolanos al día. Si bien es cierto que una parte busca seguir a otros destinos ubicados sobre todo en el sur del continente, el perfil de los que arriban ha cambiado, pues cada vez más el hambre es el factor principal en la decisión de abandonar familia y lugar de habitación a cambio de un futuro incierto.
Es altamente probable que los números conocidos seguirán creciendo. En tal sentido, hace bien el Gobierno al prepararse para los desafíos que vienen, los cuales harán palidecer los que ya existen en múltiples campos. La semana que viene se dará a conocer un documento trabajado en el seno del Conpes que tendrá el propósito de articular la respuesta oficial en el corto, mediano y largo plazo.
Algunas puntadas de esa estrategia fueron anunciadas por el Canciller durante un foro que tuvo lugar en la Universidad del Rosario, en asocio con El Tiempo. Según el funcionario, hay tres escenarios probables. El primero parte del supuesto de que la dinámica observada hasta ahora continuará, lo cual implica que para el 2021 habría en Colombia 2,2 millones de venezolanos, es decir, casi dos veces y media la cantidad actual. El segundo es un poco más optimista y habla de 1,8 millones, mientras que el tercero es el pesimista y elevaría esa población a 3,5 millones, que seguirían aumentando hasta cerca de 6 millones en el 2027.
Como queda claro, incluso en el mejor de los casos la presión será enorme. Aparte de empleo y alojamiento, están los retos en lo que atañe a salud y educación. Por tal razón, los estimativos con respecto a la presión sobre las arcas públicas oscilan entre 10 y 26 billones de pesos a lo largo del presente cuatrienio.
Dada la estrechez de las finanzas públicas será casi imposible identificar esos recursos. En consecuencia, no hay otro camino que pedir ayuda internacional para pagar la cuenta. Hasta la fecha, algunos países han aportado dinero, pero las sumas entregadas son una fracción de lo que se requiere. No está de más recordar que hemos recibido un número equivalente de extranjeros al de Líbano debido a la guerra en Siria.
Y acá no se trata de construir campamentos de refugiados, sino de contar con una estrategia integral que cubra todas las bases. Esta debe partir desde la atención a aquellos que llegan sin nada, hasta medidas orientadas a los más vulnerables, comenzando por los niños o los indígenas.
La política de formalizar a los venezolanos es la adecuada, entre otras razones para mantener registros actualizados y anticiparse a eventos como el vencimiento de permisos especiales de permanencia en el 2019. Tampoco hay que olvidar la necesidad de apoyar a las zonas fronterizas, comenzando por Norte de Santander y La Guajira.
Qué habrá problemas, y muchos, es algo seguro. El peligro de la xenofobia o de un deterioro de los índices de seguridad está latente. Pero manejar los retos será más fácil si se miran con los ojos abiertos y hay una hoja de ruta escrita.