Tras varias jornadas de protestas ciudadanas, el Comité Nacional del Paro entregó al Gobierno su “agenda para la negociación”. En el documento de 8 páginas, las organizaciones detrás de las manifestaciones -que incluyen a la bancada de oposición en el Congreso- piden prácticamente de todo.
Las 13 razones originales que los promotores de las protestas esgrimieron para la convocatoria de la primera jornada del pasado 21 de noviembre, se han convertido en 104 puntos distribuidos en 13 ejes temáticos, que van desde los derechos sociales hasta los de la “Madre Tierra”.
La lista de los 104 puntos que satisfarían a los líderes del paro constituye un pliego imposible de negociar de manera realista y mucho menos factible de cumplir. Solo aceptar una de las más del centenar de demandas -“Ecopetrol debe ser una empresa 100 por ciento estatal”- le costaría hoy al Estado unos 15,4 billones de pesos.
La agenda a negociar incluye, dentro de otros asuntos, transformaciones profundas al modelo del Estado que desbordan una mesa de negociación de una protesta social. Por ejemplo, el retiro de Colombia de la Ocde y la revisión de los tratados de libre comercio, así como retomar la agenda de paz y la mesa de diálogos con el ELN y “replantear y modificar la doctrina militar y de política de seguridad y defensa”.
La agenda presentada por el Comité Nacional del Paro pretende, además, la definición de las políticas ambientales y minero-energéticas, la eliminación de la intermediación de entidades de la red pública de salud, la realización de un nuevo censo de población, y que regresen al Estado la prestación de los servicios públicos domiciliarios.
Es de esperar que un pulso entre el Gobierno y un movimiento opositor, soportado en protestas y marchas ciudadanas, gire en torno al cambio de algunas de las políticas que el Ejecutivo está implementando y que son rechazadas por los bloques contrarios como, por ejemplo, la reforma tributaria, la ley naranja o la ley de modernización de las TIC. Pero otra situación muy diferente es llegar a una mesa de negociación de un paro con una lista tan amplia, desbordada e inaudita de peticiones.
Desde antes de la presentación de esta agenda de 104 puntos, las perspectivas de los diálogos entre el Gobierno y los promotores del paro eran muy negativas. Mientras la Presidencia activó el proceso de la llamada Conversación Nacional para impulsar el diálogo social, los representantes de las protestas le exigían una negociación tradicional.
Ahora las posibilidades de un acuerdo que ponga fin a las marchas se ven mucho más lejanas. Si antes no había consenso en la metodología y el formato de la negociación, ahora mucho menos en la agenda y los temas.
La pregunta hoy es si los cientos de miles de colombianos que salieron a las calles a apoyar las manifestaciones se sienten representados en la larga lista de mercado que presentó el Comité del Paro. Mientras los 13 puntos originales recogían puntualmente algunos temas de angustia cotidiana para el colombiano de a pie como las reformas laboral y pensional, los 104 nuevos temas apuntan a una plataforma más ideológica que ciudadana.
Con esta agenda, el Comité del Paro mostró que, al igual que el Gobierno, necesita una mayor conexión con las demandas que mueven a los colombianos a salir a marchar. Esta falta de sensibilidad política puede estar motivada por la decisión estratégica de alargar las protestas y de empujar a Gobierno a no dar ninguna concesión.
Esto constituye un cálculo arriesgado por parte de los promotores del paro, que pone la radicalización ideológica por encima de la oportunidad única de focalizar las demandas ciudadanas y conseguir cambios tangibles que mejoren la vida de los colombianos.