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Francisco Miranda Hamburger
Editorial

¿Y ahora qué?

El Gobierno debe comunicar el para qué del acuerdo político: una agenda de reformas que conecten con las demandas actuales. 

Francisco Miranda Hamburger
Director de Portafolio
POR:
Francisco Miranda Hamburger
febrero 09 de 2020
2020-02-09 07:49 p.m.
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A partir del viernes pasado el presidente Iván Duque inauguró una nueva etapa de relaciones entre el Congreso y su gobierno. Con la entrada de tres nuevos ministros y el paso de Alicia Arango a la cartera de Interior, el primer mandatario mueve sus fichas en busca de las mayorías esquivas en el Legislativo. Esta jugada de Duque rompe de frente con lo que fue uno de sus mantras más repetidos: una relación con el Congreso “sin dádivas, prebendas, canonjías o acuerdos burocráticos”, como lo afirmó en su discurso de posesión. La tozuda realidad de una administración con un inmensa dificultad de tramitar sus iniciativas en el Parlamento empujaron al Presidente a romper la promesa que defendía con tanta convicción.

Más allá de sus largas trayectorias profesionales, los nuevos ministros de Trabajo, Angel Custodio Cabrera, de Salud, Fernando Ruiz, y de Agricultura, Rodolfo Zea, ingresan al gabinete como producto de un acuerdo político. Esto quiere decir que deben obedecer la doble dinámica de responder tanto a los requerimientos técnicos de sus carteras como a las peticiones políticas de los bloques que representan.

Cualquier evaluación de la movida presidencial tiene que partir por su principal objetivo: alcanzar una gobernabilidad permanente en el Congreso. Es decir, sumar unas mayorías legislativas estables y sólidas que le permitan a la Casa de Nariño hacer aprobar sus iniciativas parlamentarias, defenderse del control político de la oposición y ganar voceros que impulsen y den la cara por sus políticas en medios de comunicación y en las regiones.

Estos serán los criterios que permitirán considerar el éxito de Duque no solo en las negociaciones del acuerdo político sino en su materialización. Por ejemplo, la llegada del ministro Cabrera a Trabajo debería, en teoría, traer el apoyo de la bancada de la ‘U’ así como la del nuevo ministro de Salud jalar a la totalidad de los congresistas de Cambio Radical. Por esa razón la verdadera prueba ácida de esta crisis ministerial –en el momento de escribir estas líneas la Casa de Nariño no había anunciado más cambios– vendrá cuando regresen las sesiones parlamentarias a mediados de marzo. La nueva jefe de la cartera política, Alicia Arango, pondrá a prueba sus muchos años de experiencia en el manejo de este pacto por la “gobernabilidad”. De hecho, de la pericia de Arango y del equipo político de Presidencia dependerá ponerle límites a la voracidad burocrática y de contratos que despertará esta nueva etapa de relaciones entre el Gobierno y el Congreso.

Además de funcionar bien en el Legislativo, un giro de esta naturaleza necesita no solo un por qué –consolidar las mayorías– sino también un para qué la llamada gobernabilidad. Cabe preguntarse entonces sobre el contenido de las reformas o las iniciativas que la administración Duque hará aprobar en el Parlamento bajo la sombrilla de este acuerdo.

De hecho, cada una de las carteras de Trabajo, Salud y Agricultura enfrenta un abanico de desafíos que bien podrían incluirse en ese paquete de proyectos de ley como, por ejemplo, los cambios en el régimen laboral, y en el sistema de pensiones. Las protestas ciudadanas y el descontento social han puesto sobre la mesa problemáticas en educación, ambiente, paz y derechos humanos que podrían integrar de alguna forma la agenda de este pacto.

Hasta el momento la Casa de Nariño no ha comunicado asertivamente qué pueden esperar los colombianos del acuerdo político en materia de reformas. Es clave para el Gobierno explicar a la ciudadanía el paquete de iniciativas que busca impulsar en el Congreso y cómo responden a las demandas actuales.

Roto el dique de la representación política, el Ejecutivo debe extremar el monitoreo sobre la burocracia y la contratación para evitar el regreso a los tiempos de la “mermelada” que contaminó las relaciones entre el Gobierno y el Congreso.

Francisco Miranda Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

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