En el contexto de los beneficios de la integración económica global y regional, hay que mencionar que existen muchos desafíos, sobre todo en materia de competitividad, productividad y ventajas comparativas. La Alianza del Pacífico es uno de los principales acuerdos comerciales en los que Colombia debería sacar provecho. Refleja la ambición de cuatro países (México, Colombia, Perú y Chile) frente a la globalización, pero sobre todo a mejorar su competitividad, productividad y sus ventajas comparativas entre sí.
La Alianza determina que, como parte fundamental del plan para la consecución de sus objetivos, deben emprenderse esfuerzos dirigidos hacia la liberalización del intercambio comercial de bienes y servicios, la libre circulación de personas y capitales, y el desarrollo de mecanismos de cooperación que fomenten las inversiones, así como el sostenimiento de la calidad de vida de sus poblaciones. Con relación a la competitividad de estas naciones, existen aspectos problemáticos en común en el escalafón global del reporte del Índice Global de Competitividad provisto por el Foro Económico Mundial, con corte al 2015-2016. Uno de los pilares predominantes tiene que ver con la ‘burocracia gubernamental ineficiente’ y la ‘tributación’. En este aspecto, cada una debe centralizar sus esfuerzos hacia la construcción de una agenda común, de cara a minimizar este pilar que tanto daño le hace a sus economías.
Para ello debe proponerse un plan de construcción conjunta (gobiernos y sector productivo) para cerrar las brechas y combatir estos pilares. Son los Estados y no los Gobiernos los que deben plantearse reformas estructurales, en las que el eje principal sea la productividad y emprendimiento, y se vinculen veedores internacionales con el ánimo de garantizar la transparencia del proceso, y que el sector productivo participe activamente.
Los Estados participantes deben generar la divulgación necesaria para que los emprendedores se enteren de lo que está pasando en materia de acuerdos comerciales. En economías globalizadas, como la de los países miembro, los Estados deben propender porque los empresarios, de cualquier tamaño, busquen alternativas de crecimiento económico, que inherentemente redundará en un mejor retorno de inversión, en el cual uno de sus principales accionistas es el Estado.
Sobre qué tanto se sabe o se desconoce de los acuerdos comerciales internacionales hoy vigentes, los Estados deberían tener una eficiente y eficaz trazabilidad. No necesariamente por las estadísticas de las instituciones previstas para tal efecto, sino de qué tanto se conoce en el empresariado de los mismos. Es por eso que el Estado debe dejar establecido los mecanismos de comunicación efectiva, que permitan promover las ventajas que conlleva la firma de cualquier acuerdo. Esta comunicación debería tener en cuenta, al menos, los siguientes puntos: una comparación de mercados, competidores y de productos sujetos al acuerdo y de las regulaciones de cada nación, incluyendo lo tributario; estadística comparativa de productos o servicios, pormenorizada, que permita dar a conocer los pros y contras de su comercialización, así como los incoterms propios de la comercialización internacional; información clara sobre financiación disponible, incluyendo acceso al mercado de capitales locales.
Felipe Jánica V.
Líder del segmento de mercado de E&Y Colombia