Necesitamos con urgencia acciones que transformen la educación superior en Colombia. No es sostenible tener un Ministerio de Educación Nacional sin dientes para ejercer la función de inspección y vigilancia sobre las Universidades. Entiendo la importancia de la autonomía universitaria consagrada en nuestra Constitución, pero creo que una cosa no va en contra de la otra. Lo que estamos viendo con la Universidad San Martín, lo que informan los medios de comunicación sobre otras instituciones educativas, casos como el de la señora Gette, en la Universidad Autónoma del Caribe y los debates hechos en el congreso sobre este tema, son evidencia suficiente de que tenemos que hacer algo.
Por ley, en Colombia las instituciones de educación superior deben ser de carácter estatal o de propiedad de entidades sin ánimo de lucro. Es bien sabido por todos que dentro de las universidades privadas hay dos tipos: dueños, que operan bajo el mandato de un consejo superior, colegiatura u otro órgano de gobierno, conformado por personas rectas y cuyo único objetivo es la creación y preservación de programas académicos de calidad que respondan a las necesidades de la comunidad a la que atienden. Ejemplos de estas son la Universidad de los Andes, Eafit, Universidad Javeriana y la Universidad del Norte. El otro grupo lo conforman universidades o instituciones universitarias con fundadores que más parecen dueños. Manejan la universidad como una empresa familiar o personal. De éstas últimas me abstengo de hacer una lista o siquiera mencionar alguna porque es vox pópuli cuáles son.
El intento de reforma de la educación superior, que se cayó estrepitosamente durante el primer mandato de Santos, contenía una fórmula para hacer transparente esta doble moral, con las consecuencias lógicas que esto conlleva: libre competencia, impuestos a las entidades privadas que invirtieran con fines de lucro, e información y transparencia para los estudiantes que podrían escoger con mejor información y en un mercado con menos imperfecciones. Es importante que esta ‘nueva’ administración retome el tema con un enfoque estructural.
No es solo el sector educativo el que padece de creatividad jurídica para saltarse el sistema tributario o hacer maromas financieras. Ya lo hemos visto mediante escándalos públicos en los mercados de salud, energía y bursátil. El anterior director de la Dian era obsesivo mostrando que en casi todos los sectores existen mafias evasoras y corruptas. Somos una sociedad acostumbrada a premiar los avivatos, a tomar atajos y exaltar las personas con éxitos fáciles y rápidos sin mirar lo que hicieron para alcanzarlos.
En conclusión, el problema está en el sistema de valores de nuestra sociedad. Bien lo dice Ricardo Silva Romero en su columna de El Tiempo, algunos nos ven como pendejos a aquellos que queremos seguir las reglas, cumplir con nuestros deberes, pagar impuestos y ser honestos. Entonces, el problema regresa al sistema educativo que debe educar ciudadanos con principios y conscientes de su función dentro de la sociedad.
Ñapa: las 10.000 becas que el Ministerio tanto ha promocionado son una excelente señal, pero no son suficientes. Los recursos no alcanzan y queremos ver cumplida la promesa de un 1 por ciento adicional del PIB en educación.
Felipe Villar Stein
Director General Colegio San Mateo Apóstol
fvillar@csma.edu.co