Una vez resuelto el paro, existe el impulso de buscar ganadores y perdedores entre Gobierno y sindicato. Sería fácil decir que el primero ganó, pues solo se subió dos puntos porcentuales, mientras que la agremiación arrancó con 28% y terminó aceptando 12%. Otros opinarán que triunfaron los maestros, porque lograron un cambio fundamental en la evaluación docente para que tenga “carácter diagnóstico-formativo y se centre en la práctica de aula”.
Mientras tanto, ¿qué pasó con la calidad de la educación? La conclusión es que no hay nada en el acuerdo que realmente esté dirigido a mejorar las condiciones del servicio educativo y, por el contrario, hay un golpe que puede ser negativo.
Es importante que la educación sea una profesión bien paga y posicionada para que jóvenes con talento se quieran dedicar a ella. Por eso, es bueno que los sueldos de los maestros tengan un nivel competitivo. Sin embargo, parte de la realidad que no se ha contado es que ya cuentan con beneficios que ningún otro empleado colombiano tiene: múltiples bonificaciones, primas extralegales, más días de vacaciones, etc. El famoso promedio del ingreso de los educadores requiere un estudio juicioso que nos diga cuánto gana realmente el maestro promedio y ver si esto es o no competitivo en el mundo laboral formal.
El duro golpe que le dio el sindicato a la evaluación docente me parece desastroso en términos de calidad. La evaluación que molestaba al sindicato tenía un enfoque de competencias. Es decir, intentaba medir qué tan competente era un maestro en diferentes aspectos. Muy inconveniente para el sindicato porque, en la práctica, no ha permitido el ascenso a maestros en los últimos años solo porque no han pasado la prueba. Muy conveniente para la educación porque era el incentivo apropiado para que los maestros se prepararan mejor y adquirieran lo que se necesita para ser un mejor educador.
Que pocos hayan logrado el ascenso es un mal síntoma del sistema educativo y la responsabilidad no es solo de los maestros, es compartida: las primeras son las instituciones de educación superior que forman en licenciaturas, especializaciones, maestrías o doctorados en educación, porque no han sido capaces de desarrollar en ellos esas competencias. Las segundas, las secretarías de educación certificadas, bajo las cuales están los docentes, porque en ellas recae la responsabilidad de un plan de formación permanente que apunte al desarrollo profesional y la mejora de sus condiciones. Luego, está el sindicato que promulga en su misión el compromiso con una ‘educación integral de calidad’, que debe comenzar por mejorar la calidad intelectual y profesional de sus afiliados, no solo la condición económica. Finalmente, el Gobierno, con políticas que aseguren mejoramiento de la calidad en los docentes y que dignifiquen la profesión.
En el acuerdo se habla de una comisión en la que se definirán los elementos de la nueva evaluación. Esperemos que quienes la conformen se centren en crear incentivos para mejorar, y no sea otro saludo a la bandera, como tantos más en nuestra burocrática Colombia.
Felipe Villar Stein
Director Colegio San Mateo Apóstol