El pasado martes no solo regresaron las protestas ciudadanas, suspendidas por la temporada de fin de año, sino también se puso a prueba la estrategia de diálogo de la Alcaldía de Bogotá frente a las marchas.
La mandataria capitalina, Claudia López, anunció la semana anterior un protocolo orientado a impedir que se repitan los violentos enfrentamientos entre los grupos de manifestantes y el grupo antidisturbios Esmad de la Policía, que marcaron las jornadas del paro de finales del año pasado.
Esta nueva hoja de ruta incorpora diálogos con las Secretarías de Gobierno y de Cultura, las madres gestoras de paz, gestores de convivencia y la fuerza disponible de la Policía. El último recurso sería entonces la entrada del Esmad, centro de muchas críticas y denuncias por abuso de la fuerza, para dispersar la movilización.
La jornada del pasado martes, que fue poco concurrida y en general tranquila, terminó opacada por los actos vandálicos y el sistemático bloqueo de vías principales por la minoría de siempre. El balance del Distrito reportó cuatro intervenciones del Esmad en 20 movilizaciones, además de 15 estaciones y 37 buses de Transmilenio vandalizados.
Si bien el éxito de un protocolo para manejar manifestaciones no debe medirse por la ausencia de intervenciones del Esmad, las altas expectativas creadas por el Distrito alrededor de esta estrategia le está pasando factura. Es necesario que la alcaldesa y su equipo incorporen las lecciones aprendidas y escuchen críticas como, por ejemplo, exponer a los policías disponibles, sin el equipo de protección adecuado, a la agresión de los vándalos.
Tampoco ayuda el excesivo protagonismo de funcionarios como el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, cuyas intervenciones exceden el principal propósito del protocolo: mantener las marchas sin violencia. El Distrito debe garantizar la protesta y, además, proteger la integridad, la movilidad y la tranquilidad del resto de los ciudadanos.