El pasado jueves arrancó de manera oficial la negociación del salario mínimo para el 2020 entre el Gobierno, los empresarios y los representantes de los trabajadores.
Si bien todos los años, por esta época, se presenta la misma discusión, en este 2019 las recientes jornadas de protestas le dan un marco adicional que complejiza este tradicional pulso.
En solo 7 de los últimos 22 años las partes han logrado llegar a un acuerdo de un aumento que impacta de manera directa los ingresos de más de 2,5 millones de personas e, indirectamente, los salarios de muchos más colombianos.
De hecho, el año pasado la mesa tripartita llegó al acuerdo de subir un 6 por ciento, lo que significó el aumento de salario mínimo real más alto de las últimas dos décadas.
No obstante, este año el ambiente en el que se está desarrolla la negociación no es el mismo. Durante 2019 las tasas de desempleo se han mantenido más altas en comparación con el año pasado y un aumento del salario mínimo demasiado alto encarecería el costo de generar un puesto de trabajo para todas las empresas, grandes, medianas y pequeñas.
Hasta comienzos de la próxima semana se harán públicas las propuestas de aumento de las partes y empezará en forma la puja. Es lo tradicional que el piso de la negociación sea un incremento que sume la inflación esperada más el aumento en la productividad laboral.
Sin embargo, la nueva fórmula del DANE, que ubicó la cifra de productividad del 0,21 por ciento para 2019, ya generó choque en la mesa de discusión con los sindicatos.
Discutir el aumento del salario mínimo en medio de las jornadas de protestas es un reto para el Gobierno y los empresarios. La tentación de acordar un incremento excesivo como un mecanismo de apaciguar el descontento social y proyectar una imagen de escuchar las demandas es alta pero peligrosa.
Un alza desmedida tendrá un impacto en la inflación y en la generación de empleo. Pero un aumento pequeño alimentará los reclamos ciudadanos expresados en las marchas.