Llegó la hora del control para los cigarrillos electrónicos y los vaporizadores. Ya transita en el Congreso de la República un proyecto de ley que actualizaría la ley antitabaco para incluir medidas de regulación, vigilancia, tributación y monitoreo de estos dispositivos y su impacto en la salud pública.
Cada una de estas áreas de política pública es crucial en la creación de un marco regulatorio para estos productos de reciente llegada al mercado. En especial cuando la evidencia científica publicada pinta un panorama de riesgo hacia la salud de los colombianos.
Aunque no está directamente relacionada con el caso colombiano, el uso de vaporizadores en Estados Unidos- vinculados con la marihuana- ha generado una verdadera epidemia con 23 muertes confirmadas y más de mil casos de enfermedades pulmonares. Esta situación brinda más razones para avanzar tanto en la fijación de estrictas reglas a los vaporizadores y cigarrillos electrónicos como en el desarrollo de más estudios médicos.
Este es precisamente el rol de la regulación por parte del Estado: recabar información validada, diseñar esquemas de normas e impuestos, coordinar las distintas instituciones para que contribuyan a este esquema e identificar riesgos para la población.
Frente a esta última característica es clave resaltar la necesidad de analizar con mayor información y detalle sobre el uso de estos dispositivos en menores de edad. La entrada inicial de los vaporizadores al mercado se cimentó en su diferenciación del tabaco tradicional y su carácter adictivo. No obstante, el Gobierno debe determinar si el “vapeo” es una actividad riesgosa para los adolescentes, con implicaciones en la salud y efectos en el tabaquismo y consumo de otras sustancias.
El debate de este proyecto de ley debe continuar para que, al final de esta legislatura, Colombia cuente con una legislación integral que regule la venta y el uso de estos productos para proteger la salud de los colombianos, especialmente los menores de edad.
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