Cuesta trabajo escuchar los mensajes de nuestros gobernantes: dicen que necesitan una ley de financiamiento y que es necesario que la sociedad en su conjunto contribuya con su sacrificio para lograr los objetivos de recolección de los recursos necesarios para cumplir con lo establecido en el presupuesto del 2018.
Pero es que para ellos el término sociedad tiene sus limitaciones: todos somos iguales, pero hay unos menos iguales que otros. Por ejemplo, a los que más reciben no se les puede gravar con mayores impuestos a sus dividendos porque se ahuyentaría la inversión y especialmente la extranjera. Sofisma para engañar ignorantes: si las utilidades continúan siendo importantes no se va nadie, ellos son los que más deberían contribuir con el pago de impuestos a la generación de bienes y servicios públicos, entre otras cosas, porque estos mejorarán su eficiencia y competitividad.
Nada más justo que corregir errores de otras reformas como los de haber aumentado excesivamente los impuestos a las empresas productivas y generadoras de riqueza, empleo, oferta y demanda para asegurar sostenibilidad en el desarrollo. Pero de ahí a proponer nuevas exenciones en el IVA, como en la importación de bienes de capital o mantener las existentes para sectores que las reciben sin ninguna justificación, diferente a su capacidad de hacer lobbying y ejercer su poder económico y de presión sobre la clase política, no es más que otra absurda proposición.
No se entiende el por qué no se gravan con impuestos a las iglesias que solo pagarían por el exceso en sus ingresos y que deberían, entre otras cosas, contribuir a practicar lo que predican en materia de justicia social o, de otra parte, a los acumuladores de tierras improductivas que limitan la circulación virtuosa de la propiedad de la tierra para generar proyectos productivos y fortalecer la seguridad y la soberanía alimentaria. O, que se pretenda continuar generando incentivos perversos encaminados a fortalecer la educación privada con ánimo de lucro, mediante el aumento del crédito a la demanda que contribuye a multiplicar instituciones de garaje, en vez de fortalecer la educación pública aumentando su cobertura, recuperando y creando nueva infraestructura física, científica, técnica y tecnológica.
Apabulla el cinismo del gobierno de gravar la canasta familiar sin tener en cuenta tantas inequidades, pero, más que otra cosa, su vehemente negación interesada de gravar a los que más ganan para que contribuyan a disminuir la desigualdad, la cual se manifiesta en el coeficiente de Gini, que nos coloca entre los países con peor distribución del ingreso en el mundo.
Se imaginaron un desfinanciamiento que por donde se mire hace agua: primero 25 billones, ahora 14. Aún si fuese cierto, hay cómo cubrir cualquier faltante. Bastaría que se demandará socialmente lo justo a los que más ganan, incluido el sector financiero. No es racional aumentar la desigualdad y exprimir aún más las clases medias. Si se hace lo que se debe, no se irán los capitales. En caso contrario, lo que promoverán es la salida y el desplazamiento de todos aquellos que no aguantarán más la expropiación de sus ingresos.