La discusión de la ley de financiamiento ha sido difícil. De una parte, el Gobierno buscaba avanzar con una reforma estructural con criterios de equidad y eficiencia. El grueso del recaudo esperado, 75%, provenía del IVA, previendo el reembolso de su pago a los más pobres. Esta no obtuvo el apoyo del Congreso y término cayéndose.
En estas circunstancias, se entró en la muy peligrosa etapa de la discusión, en que surgen todo tipo de iniciativas, con poca consideración sobre su conveniencia económica más allá de su potencial de recaudo. Por ello, de nuevo se revive el impuesto al patrimonio, cuando la mayoría de los expertos lo consideran inconveniente, por antitécnico.
También hubo propuestas como la limitación al descuento del IVA, el cual que iba en detrimento de la competitividad del aparato productivo que, afortunadamente, no se incluyó en la ponencia.
Otra de las propuestas, claramente inconveniente, que tampoco fue incluida por sus nocivos efectos para toda la economía, fue la de la sobretasa de renta de 5 puntos porcentuales a cargo exclusivo del sector financiero. Esta es una típica propuesta que puede ser popular y genera réditos políticos a quienes la proponen, y es difícil de controvertir por las pasiones que genera, pero que es indispensable analizar objetivamente para evitar una equivocación mayúscula.
Revisemos los argumentos que utilizan sus proponentes. El primero es que el sector financiero tiene una rentabilidad excesiva. Esto es falso, su retorno sobre patrimonio (ROE) está en promedio en 10% y su retorno sobre activos (ROA) fue de 1,3% en el 2017.
Para tener una idea de comparación en América Latina, el ROE típicamente está entre 14% y 16%. Más aún, los analistas internacionales normalmente señalan al sector financiero colombiano como uno de baja rentabilidad relativa. Por ello, no tiene validez el argumento gratuito de que el sector tiene retornos desproporcionados. Además de las cifras ya señaladas, las entidades del ramo compiten con sus pares del resto del mundo, dado que el mercado colombiano está abierto a la competencia internacional.
Otro argumento es que su aporte a los impuestos vis a vis en el resto de la economía es presuntamente bajo. Incluso se mencionaron tasas de tributación efectivas de 14 a 16%. Esto tampoco es cierto. El sector financiero es el que más aporta impuesto de renta como proporción de su participación en el PIB: pagó $4,17 billones en 2017, representando el 12,6% del total recaudado por renta, mientras que su participación en el PIB solo es del 4,7%, casi una relación de 3 a 1, la mayor contribución relativa observada entre todos los sectores.
Finalmente, se arguyó que el crecimiento del sector financiero recientemente había sido superior al del resto de la economía. ¿Se debe gravar más un sector por crecer rápido, generando ingreso y empleo a la economía? Más aún, el desarrollo del ramo financiero simplemente refleja un mayor crecimiento de la cartera bancaria en beneficio de la financiación de la actividad productiva y de los consumidores. La inclusión financiera viene avanzando y es clave para la formalización económica.
Hay argumentos jurídicos, que comparto, que señalan la inconstitucionalidad de la propuesta por su carácter discriminatorio. Pero ante todo, debo señalar que si bien son bienvenidos todos los esfuerzos para alcanzar un sector financiero competitivo, que proteja a sus usuarios de costos excesivos y con cada vez más acceso al crédito y a los seguros, la propuesta de la sobretasa al impuesto de renta conduce exactamente a lograr lo contrario.
Hernando José Gómez
Exdirector del DNP
hdojgomez@hotmail.com