Ahora que se está negociando el salario mínimo, es bueno recordar su relación con el nivel de informalidad laboral en la economía colombiana, que es uno de los más elevados en América Latina y en el mundo.
Las últimas cifras muestran que el 48 por ciento de la población trabajando lo está haciendo en condiciones de informalidad, lo que implica que no tienen seguridad social, no están protegidos contra riesgos en el trabajo y mucho menos están cotizando a una pensión. Todo esto conduce a una gran erosión de la base fiscal del país, lo cual ha llevado a que muy pocos tributen. Finalmente, esto también afecta la cultura de legalidad en el país, donde se vuelve normal no cumplir con las normas laborales, tributarias y ambientales.
Las causas de la informalidad son múltiples, y simplemente quiero destacar dos de ellas. La primera es la bajísima productividad en la economía colombiana, lo cual lleva a que muchas empresas no tengan un modelo de negocio que les permita cubrir los costos que implica la formalidad. La segunda razón es un exceso de impuestos, tasas y regulaciones que tampoco ayudan. Es muy interesante ver la dinámica de la generación de empleo formal que se dio cuando en el 2016 se eliminaron las contribuciones parafiscales al Sena y al ICBF. Por primera vez se genero más empleo formal que informal en varias décadas.
En este contexto, es importante analizar la discusión del salario mínimo. Si bien en términos de adquirir la canasta familiar el salario mínimo es bajo, este es elevado en términos del salario promedio, 57 por ciento, y de la mediana en la economía, 86 por ciento. Esto refleja que el país es aún pobre comparado con el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), en la cual estas cifras son mucho menores, 41 y 53 por ciento, respectivamente.
Pero, ¿por qué nos deben importar estas cifras? Pues, porque en la medida en que el salario mínimo se ajuste por encima de la inflación esperada más la productividad, además de reducir la expansión de la actividad productiva, también fomenta la informalidad laboral con todas las implicaciones que discutimos atrás.
En un ejercicio interesante realizado por Fedesarrollo, se comparan los niveles de formalidad con los de la relación del salario mínimo con el PIB per cápita de cada departamento. Lo que esperaríamos es una relación inversa que en efecto se aprecia en el gráfico adjunto. A mayor presión del salario mínimo sobre el PIB per cápita, es menor el grado de formalización en el departamento. Si dividimos el gráfico en cuatro cuadrantes vemos en el uno que los departamentos más pobres tienen una mayor informalidad. En el extremo de pobreza seguramente la formalidad cubre poco más que las nóminas de las entidades del Gobierno Nacional, departamental y municipal.
Por el contrario, en los departamentos de mayor desarrollo, la informalidad es sensiblemente menor, como lo ilustra el cuadrante III. Esto muestra que este país tiene regiones con niveles de desarrollo muy diferentes y que tener un solo parámetro nacional para el salario mínimo es una equivocación. Deberían existir salarios mínimos diferenciados según el desarrollo de las regiones.
Vale la pena señalar que en el cuadrante tres están algunos departamentos petroleros y carboneros, pero a su vez muy rurales. Es claro que esta actividad primaria genera un bajo impacto multiplicador sobre el resto de su economía y, por ello, el salario mínimo sigue siendo una cortapisa para su formalización. Otra inferencia, entonces, es que no fue acertado eliminar el salario mínimo rural en los años setenta, lo cual se refuerza con el hecho de que más del 90 por ciento de las unidades productivas rurales son informales en el país.
El salario mínimo ayuda a evitar abusos, pero debe responder a la realidad económica. Si ese principio no se respeta, lo único que logramos es más desempleo e informalidad, y además es una mayor presión sobre las finanzas públicas, debido a la indexación de rubros como las pensiones.
Hernando José Gómez
Exdirector del DNP