Los desmanes que ha cometido el conductor vecino, que, como de costumbre, afectan a la población más vulnerable, obligan a preguntarse si los gobernantes de este lado del río han manejado los temas fronterizos de manera adecuada.
Porque son muchas y muy generosas las medidas en materia aduanera expedidas en el pasado, dizque para redimir y desarrollar las zonas de fronteras, pero los resultados muestran una realidad diferente.
El contrabando ha crecido rampante en las fronteras desde hace muchos años. Al finales del 2009 hubo una crisis similar –aunque sin expulsión abrupta y masiva de colombianos–, cuando Chávez envió tropas a la frontera. Pero las medidas expedidas para facilitar el tráfico fronterizo sin control han facilitado la proliferación del contrabando. Recordemos cuando los vehículos de Venezuela eran vendidos en Colombia, algunos, aparentemente, robados en ese país y otros que, según se afirmaba, los vivos vendían aquí para cobrar los seguros allá. De no haber sido por la oportuna acción de la Dian, hace 20 años, los carros con placas de Venezuela y Ecuador estarían circulando campantes fuera de los departamentos fronterizos.
El contrabando de gasolina, con los grandes peligros que representa para la población, ha sido tan generalizado y consentido, que en alguna ocasión el Gobernador de Norte de Santander lo gravó con un impuesto departamental. Algo similar ocurre con el llamado contrabando hormiga, costumbre tan arraigada y tolerada por los gobiernos de los municipios vecinos, que en cierta época los maleteros y bicicleteros fueron carnetizados por las autoridades de San Antonio.
En vez de poner en práctica mecanismos destinados a crear polos de desarrollo y fuentes de empleo en las poblaciones fronterizas, los políticos han promovido normas que estimulan el contrabando como la principal actividad de sus habitantes. Por ejemplo, aquellas relativas a la Zona de Régimen Aduanero Especial de Maicao, Uribia y Manaure, parten de la idea absurda de que la mercancía se controla después de ingresar al territorio nacional, y que los habitantes de dichas regiones deben vivir solo de la venta, al resto del país, del contrabando que ingresa por esas poblaciones. No existen alicientes para emprendimientos como la industria o la prestación de servicios; las normas han ayudado a afianzar en esas regiones la cultura del contrabando, hasta el punto que aparece hasta en la música popular, y, a pesar de ser un delito, los nativos no lo ven siquiera como una infracción.
El problema de la frontera oriental es muy grave, pero ha estado ahí dormido por lustros; hizo crisis solo porque nos tocó un déspota como vecino. Pero, como es habitual en este país, los problemas se olvidan después de superar las emergencias. Ojalá esta amarga experiencia haga despertar a los dirigentes, y les recuerde que su responsabilidad va más allá de mantener contento al electorado con ‘Robertico’ y ‘Sello Negro’, en vez de ‘Tres Esquinas’ y ‘Ron Trompá’. Y hay que mirar también hacia el sur, porque la economía es cíclica y la tendencia que hoy se vive y que está preocupando al Gobierno ecuatoriano, puede revertirse cuando menos se piense.
Horacio Ayala Vela
Consultor privado
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