Uno de los patrones más comunes de los gobernantes en los países en desarrollo es la desinstitucionalización del aparato estatal, en medio de la búsqueda de intereses políticos personales y/o coyunturales. Colombia no se ha escapado de este comportamiento, tal como se evidenció y quedó plasmado en el Acuerdo de Paz, ahora que se cumplen dos años del Plebiscito. En aquel se comprometió buena parte de la estructura institucional, en todas las ramas del poder público. O en la orden presidencial al Dane de hacer el Censo Agropecuario y el de Población coincidentes con las cuatro campañas electorales de 2014 y 2018: consultas intrapartidistas, Congreso, primera y segunda vuelta.
En el primer censo, se terminaron nombrando 25.000 encuestadores y en el segundo, cerca de 31.000. Para la época mencionada, no era otra cosa que ‘aceitar la maquinaria’, dejando claro que se utilizó un mecanismo de triangulación, a través de Fonade, en primera instancia y luego desde allí se contrataron 8 empresas para enganchar los encuestadores. Así, el Gobierno evadió la Ley de Garantías que le prohibía al Dane contratar y llevar a cabo ese operativo en plena contienda electoral.
Esta politización no solo se dio en los operativos censales, sino en la presión del Gobierno Nacional para que los resultados de importantes operaciones estadísticas se presentaran en el Palacio de Nariño, tal como lo denuncio Darío Arismendi en su momento, lo que era y es totalmente contrario a la política y al Manual de las ‘Buenas Prácticas Estadísticas de N.U.’. Los resultados de la politización del Dane están al canto
Las denuncias permanentes del actual director del Dane, Juan Daniel Oviedo, no son de poca monta: alteración de las bases estadísticas de los PIB departamentales. ¿Lo hicieron para preparar el terreno en la futura modificación de la distribución de recursos en el Sistema General de Participaciones?; los resultados de pobreza del 2017 los sacó el Departamento de Prosperidad Social, cuando los datos los obtiene el Dane y son su responsabilidad. Más aún, el mismo Dr., Oviedo los cuestionó; hasta el momento pueden estar ‘desaparecidos’, en el censo de población, entre 6 y 8 millones de colombianos a la luz de los datos parciales entregados (96,7%) y por recoger (3,3%), según su Director. ¿O ya llegaríamos a tasas de crecimiento poblacional negativas? Habría dudas si se tiene en cuenta que, la tasa de fecundidad actual del país está entre 1,9 y 2 hijos por mujer a lo largo de su vida reproductiva. (Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2015)
Las consecuencias de la politización del Dane son muy graves. En Argentina, por circunstancias parecidas, el Instituto Nacional de Estadística fue vetado en el FMI y en la Conferencia Estadística Mundial de N.U.; en Chile y Grecia sus directores y ministros de Hacienda fueron judicializados; en España, en el Gobierno de Rodríguez Z., la Comunidad Económica Europea amonestó al país por la ‘laxitud’ en el manejo de la cifras; en Venezuela, no es necesario comentarlo, entre otros.
Para una sociedad el costo de la destrucción de valor institucional y político en el sector público es enorme (Mark H. Moore, 1995. Harvard University). El gran desafío en el caso del Dane es que sea declarado como un instituto independiente del Gobierno, como el Banco de la República, pues la información es del Estado y no de los gobiernos de turno. Así lo propusimos, Néstor Osorio, en Ecosoc, y el suscrito, en la Conferencia Estadística Mundial de N.U. en el 2013, y así quedó como propósito en la Revisión del Preámbulo del documento matriz de los Principios Fundamentales de fundación de la CEM.