El Ministro de Hacienda ha justificado la reforma tributaria a partir de la disminución que han tenido los ingresos del Gobierno Nacional, los cuales estima en más 20 billones de pesos para los últimos tres años. Ha sido evidente la dependencia que tiene la economía colombiana de los ingresos petroleros, así como la severa exposición que existe frente a la normalización de la política monetaria en Estados Unidos y frente a la desaceleración económica de los socios comerciales.
Si bien la reforma pretende mejorar el recaudo bajo la premisa de hacer ajustes al estatuto y para conseguir impuestos más progresivos, es indiscutible que está buscando el dinero en un lugar en donde posiblemente lo encontrará, pero con fuertes consecuencias sociales y, tal vez, a costa de más desigualdad, ya que se centra en las personas –con cierto perfil– y no en las empresas –con ciertas riquezas–.
El argumento utilizado para liberar tributariamente a las empresas –grandes y ricas– y dejar de perseguir el capital, refleja un temor por la posible reducción que puedan hacer en la inversión y el empleo en caso de ponerlas a tributar. Dicho miedo valdría la pena confrontarlo, y habría que hacerles entender a las élites y a las compañías, que corregir la desigualdad y avanzar hacia un mejor país solo es posible si estas aceptan ser incluidas en una reforma. Esto, quizá, es equivalente a un acuerdo más, que es necesario para alcanzar la misma paz que se está buscando hoy en el país.
No resulta lógico que un país desigual y con problemas en la creación de empleos estables y duraderos pretenda gravar más la renta de los asalariados, que a las altas pensiones que recibe un pequeño grupo de personas, lo que representaría algún recaudo sin alterar la calidad de vida. Tampoco es razonable el aumento del IVA, cuando pudo haberse gravado otras actividades, como los cupos de taxis y buses, que, además de ser altos, están enriqueciendo a unos privados sin que el Estado perciba ingresos por ello.
Se debería gravar los dividendos que se reparten entre sociedades, y algunos procedimientos de lujo, realizados en peluquerías, así como se debería castigar severamente a quienes omitan reportar ingresos, pero reconsiderando el tope de los 5.000 millones. Quizá sea útil analizar la posibilidad de obtener más recaudos de las empresas de economía mixta, las universidades privadas y las iglesias; aunque sin desconocer la importancia que tiene la mayor gestión en el recaudo y la urgente necesidad de dotar de más capacidad real y práctica a la Dian.
Finalmente, sería interesante que esta reforma motivara un interés general semejante al generado por el plebiscito, en el cual se recupere la idea de que tributar es un deber. Para ello, tal vez haya que atacar lo que Claudia López ha denominado el ‘impuesto a la corrupción’. Magno reto.
Jorge Coronel López
Profesor de la Universidad de Medellín
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