Entre los múltiples hechos lamentables que nuestra sociedad manifiesta, el de la educación es uno que no necesita de ningún estudio científico para percatarnos de que el modelo en el que está fundada está siendo impertinente.
Los malos resultados en las pruebas internacionales pueden ser el reflejo de malas prácticas formativas, mientras que la falta de una mayor cobertura en educación superior puede ser una deficiencia de la política educativa; aunque, habría que destacar la importancia del programa Ser Pilo Paga en sus dos versiones, pero también habría que cuestionar su falta de cobertura nacional.
Motivar la acreditación institucional y de los programas académicos puede ser loable desde la teoría, pero si no se tienen los respectivos mecanismos prácticos para verificar y evaluar estándares de calidad y pertinencia, pues sencillamente todo se traduce en el cumplimiento de requisitos para un sistema, en donde las universidades les tributan a unos indicadores susceptibles de manoseo. De hecho, ya han entendido que el sistema –no la sociedad– las califica mejor si cuentan, por ejemplo, con más doctores en su planta, si investigan y publican; pero dicho sistema no indaga si los doctores dictan una buena clase, si aportan a la solución de problemas sociales o al menos si dictan clase.
Sobre la investigación, el sistema no averigua ni fiscaliza su pertinencia, simplemente pondera la existencia de cualquier investigación sin importar qué resuelve o qué estudia, calificando bien aquellos trabajos publicados en ciertas revistas científicas, ojalá internacionales y escritos en otros idiomas, menospreciando la difusión de resultados en ámbitos locales y la publicación en medios de comunicación, lo cual podría ser un complemento básicamente porque los interesados podrían acceden más fácil a la información, máxime cuando las bases de datos científicas todavía no son libres.
Sí el país constantemente se enfrenta a innumerables problemas, como, el desfalco de Reficar –uno más entre tantos–, la corrupción, la cuestionable gestión y compresión de lo público, la indeterminación entre el Estado y el mercado, la compleja organización industrial, la concentración de actividades económicas que benefician ciertos grupos empresariales, la pobreza, la desigualdad, la cartelización empresarial en detrimento de la calidad de vida de las familias, la doble moral de la sociedad, el atraso en el desarrollo local, entre otros, cabría preguntar: ¿cómo se están discutiendo estos temas en las universidades? ¿Cómo se está enseñando ética, justicia y honestidad en las aulas? ¿Mediante cursos solamente, o se está utilizando la triste realidad para enviar mensajes constructivos e influyentes a los jóvenes?
Estos hechos lamentables deberían ser del interés de la educación, ya que son la prueba palpable de que los principios básicos del buen gobierno, la buena administración, entre otros valores que definen la política, así como las buenas prácticas empresariales, ya se perdieron y parece que no se están enseñando.
Jorge Coronel López
Profesor, Universidad de Medellín
jcoronel2003@yahoo.es
