En un país en el que impera la inseguridad jurídica, no se sabe si luego del fallo del Consejo de Estado, que declaró ajustada a derecho la venta de las acciones de la Nación en Isagen, la operación podrá realizarse.
Para los que se oponen, es inadmisible que el Estado, al enajenar sus acciones, pierda el control del precio de la energía; si así sucediera, se supone que el resultado sería el abuso de los consumidores.
Sorpréndanse ustedes: Isagen no controla, ni pretende controlar, ese precio. Es un actor importante en el mercado, pero nada más; interactúa, en plano de igualdad, con empresas estatales y privadas, incluidas las de origen extranjero en la fase de generación. Tal es el esquema definido por la Constitución.
Bajo esa sombrilla fue posible el desarrollo de un sistema de provisión de electricidad que ha servido para atender las necesidades crecientes del país sin que el Estado deba invertir.
No siempre fue así. En los años 80, el gran problema nacional era que el sistema, entonces de propiedad pública, estaba quebrado. Superada la situación, el Gobierno pudo destinar un volumen mayor de recursos al gasto social.
Y podría ahora, porque es crucial para la competitividad nacional, liberar aquellos invertidos en Isagen para asignarlos a infraestructura. Contar con mejores vías y puertos le ha servido mucho a Perú; India soporta una restricción en su crecimiento por no tener buenas carreteras.
Supongamos, sin embargo, que se pretendiera que Isagen fungiera como regulador del mercado. En tal caso, tendría que actuar en contra del interés de los inversionistas privados que son tenedores de poco más del 40 por ciento de las acciones.
Con toda razón, ellos dirían que, en tanto la empresa deje de maximizar las utilidades que la ley le permite realizar, padecerían una expropiación indirecta.
Cierto es que el valor de la compañía en dólares ha caído como consecuencia de la depreciación del peso. Este fenómeno precisamente consiste en que la totalidad de lo que los colombianos hemos ahorrado, lo que producimos y los salarios que devengamos valen menos en moneda de Estados Unidos.
¡Para que las acciones de Isagen valieran más, como algunos lo pretenden, el peso habría tenido que revaluarse!
También se afirma que la Nación no puede vender, ya que perdería un flujo de ingresos, supuestamente seguro, a cambio de otros de naturaleza incierta, derivados de la inversión en la infraestructura vial. Esto equivale a decir que Isagen siempre va a generar cuantiosas utilidades, y que los recursos serán mal usados si se dedican a otros objetivos. Una falacia absoluta.
En alguna parte he leído que se perderían los impuestos que paga Isagen si sus compradores “son extranjeros y responden a otra jurisdicción tributaria”. Se desconoce, tal vez de buena fe, que en nuestro país las sociedades extranjeras son gravadas sobre todas sus rentas de origen nacional; por ejemplo, las derivadas de generación de energía.
Una última perla: si se vende Isagen “se verá amenazada toda la conservación ambiental de los bosques y espejos de agua que hace Isagen, donde habitan cientos de aves, reptiles, mamíferos y anfibios”. Esto implica, nada menos, que Colombia carece de autoridades ambientales y que estamos en ese campo a merced de la buena voluntad de los agentes económicos. Apague y vámonos.
Jorge Humberto Botero
Presidente de Fasecolda
jbotero@fasecolda.com