La oferta hecha por el ministro Valencia Cossio de volver a crear el Ministerio de Justicia a cambio de modificaciones en la rama jurisdiccional, ha generado suspicacias. La gente se ha preguntado: ¿hay gato encerrado en esta propuesta?, ¿encubre una maniobra retaliatoria para recortarle funciones a la Corte Suprema de Justicia?, ¿por qué, después de que el Gobierno se había negado obstinadamente a reconocer que fue un error la fusión inconsulta de los ministerios que decretó en 2002, sale ahora sorpresivamente a proponerla?
Quizás no va a suceder nada. La propuesta parece haber caído en terreno infértil y las cosas, una vez pasada la bulla que suscitó la propuesta, volverán a las mismas, pero la ocasión es de todas manera propicia para reflexionar sobre la decisión que, con tozudez digna de mejor causa, ha mantenido el Gobierno durante estos últimos siete años: la fusión de los tres ministerios que ordenó en 2002.
El de Justicia con el del Interior, el de la Vivienda con el del Medio Ambiente, y el de la Salud con el del Trabajo.
Estas fusiones, cuyo origen parece haber sido un precipitado memorándum que alguien preparó en la Universidad de los Andes hace siete años y que el Gobierno acogió sin mayor discernimiento, se presentaron en su momento como una medida para buscar ahorros fiscales. Nada ha resultado más alejado de la realidad.
Las burocracias de todos estos Ministerios no se redujeron sino que simplemente se amalgamaron. Con lo cual, lo único que se ahorró - en el mejor de los casos- fue el sueldo de un Ministro y de un Viceministro en cada una de las carteras fusionadas. Y eso sin hacerle cuentas al alud de consultores externos que se contrataron desde entonces.
Por lo tanto, si no se economizó nada ¿para qué han servido estas fusiones?. Han dejado unos ministros de dos sombreros manejando carteras complejísimas.
En las que por mejor voluntad que le pongan y por mayor diligencia que le impriman a sus tareas, no alcanzan a manejar con propiedad los disímiles y abigarrados temas que están ahora bajo sus responsabilidades bifrontes.
El Ministro del Medio Ambiente debe saltar, por ejemplo, de la Conferencia de Copenhague sobre el medio ambiente a supervisar las normas que regulan la Vivienda de Interés Social.
El de Seguridad Social debe multiplicarse entre terciar en el tema del salario mínimo y el del desempleo que agobia al país, y el diseño de la Emergencia Social que habrá de rescatar al sistema de la seguridad médica pública que hace agua por estos días. Y el de Justicia e Interior pasa frenéticamente de los pleitos permanentes con las altas cortes y la dirección de la agenda política en el Congreso, a opinar (si es que alguna vez lo hace a pesar de que es una de sus responsabilidades mayores) sobre la marcha de la descentralización en el país.
No. La fusión de estos seis ministerios en tres carteras bifrontes de ancha cabeza pero de poca fortaleza en sus brazos ha sido un fracaso monumental.
No sirvió para ahorrar nada en términos presupuestales. Y ha conspirado (por la heterogeneidad de materias que fusionó) contra la mínima eficiencia administrativa que debe presidir las tareas de carteras tan importantes.
El Ministro del Interior y de la Justicia no debería ofrecer la revisión de tan desafortunada fusión como una moneda de intercambio. Debería plantearla como la rectificación pura y simple -así sea tardía- de una desafortunada decisión que se adoptó hace siete años.