Mucho bien le hace al país que los titulares desafortunados a los que nos estábamos acostumbrando los colombianos en los medios (masacres, extorsiones y secuestros), hayan sido reemplazados por otros temas en la agenda como las denuncias por los escándalos de corrupción, las consultas mineras, la incertidumbre económica y la polarización política que nos aqueja hoy. Algo ha cambiado en la agenda mediática del país. Sin embargo, esa purga nos está resultando costosa, en la medida en que el ambiente del país se está llenando de escepticismo frente a la confianza de las instituciones.
Una encuesta de Gallup señala que el 28 por ciento de la gente considera que la corrupción es el principal problema que afecta al país. Otro sondeo, no menos importante, concluye que la opinión pública descalifica a la mayoría de las instituciones públicas porque las considera ineficientes, ineficaces o corruptas, y pocas superan el grado aceptable de popularidad. Y no es que la corrupción o los demás problemas del país hoy sean mayores, sino más visibles. Eso hay que reconocerlo. También hay que decir que el temor de los funcionarios públicos y, por qué no, de los gobernantes, a un hallazgo por parte de los entes de control ha ralentizado los tiempos de funcionamiento del sector público.
De una parte, escándalos como los de Reficar, Odebrecht, Cafesalud, InterBolsa y los Nule merecen demostrar que en Colombia la impunidad no tiene cabida. La confianza institucional queda en vilo no por el escándalo, sino por la falta de celeridad en las investigaciones. Sin embargo, tampoco es sano que la detención preventiva, para dar un ejemplo, se haya convertido en una medida apresurada, en algunos casos, para salir en todos los medios de comunicación y que luego muchas de estas personas queden libres al otro día como si nada hubiera pasado (claramente el daño en su imagen ya está hecho). Lo mismo ha sucedido con los excesos desde las sanciones disciplinarias o fiscales, en algunos casos, donde se han castigado en años anteriores a diferentes personajes para después echar reversa de sus decisiones.
Cada medida que se toma desde una entidad pública o una instancia judicial, impacta directamente la confianza de los ciudadanos. Un error en un fallo judicial, una injusticia o un incumplimiento de la labor de los entes estatales le significan al Estado décadas de recuperación de su credibilidad. Y la confianza es el mayor capital que un gobierno puede lograr en sus años de mandato. Qué bueno resulta que el país pueda dedicarse a debatir sobre institucionalidad, transparencia, justicia, derechos básicos, posconflicto, y haya superado la era del oscurantismo, donde se hablaba sin esperanza de un futuro incierto.
La corrupción se convirtió en el tema principal de la agenda de los próximos años y ello significa construir confianza, generar oportunidades, fortalecer el tejido social y, sobre todo, hacer un gran pacto social para que se acaben las ‘palancas’, los ‘favores’, las ‘comisiones’ y hasta la ‘mermelada’.
