Para los japoneses, la empresa o ‘kaisha’, en su idioma, siempre ha cumplido un importante papel social. Recientemente, he encontrado en occidente un concepto que se asemeja a ese rol de estructurador social que para la sociedad nipona han sido sus emblemáticas firmas y marcas de electrodomésticos, vehículos y robots, entre otras: las empresas B.
En un mundo, en el cual las desigualdades sociales son cada vez mayores y el medioambiente evidencia permanente deterioro, los empresarios tenemos la responsabilidad de desarrollar el objeto social de nuestras compañías, incluyendo un compromiso especifico de generación de impacto social y ambiental. Las juntas directivas deben reformar la misión, incorporando, de manera tácita, el bienestar de proveedores, clientes, empleados y accionistas, y minimizando el impacto ambiental negativo que tengan nuestras actividades sobre el planeta.
En la actual coyuntura del país, las organizaciones están llamadas a cumplir una función de promoción integral de nuestra población más vulnerable, con una mentalidad que trascienda la asistencia y acoja el concepto de la corresponsabilidad. En él educamos, formamos, empoderamos a la sociedad para que adquiera conocimiento, al tiempo que mejore su ingreso y sus condiciones de vida. La innovación social solo cumple su función cuando se dirige a la solución de un problema específico y se miden sus resultados. Nuestras empresas deben someterse voluntariamente a la presentación de reportes de sostenibilidad, siguiendo metodologías y estándares internacionales que puedan ser auditados por entes independientes y den visibilidad sobre su gestión a todos sus ‘stakeholders’, o a quienes involucre su actividad.
En Estados Unidos y algunos países en Latinoamérica, donde el sistema B toma fuerza, ya existen iniciativas legislativas que reconocen y promueven este tipo de compañías. En Colombia, ad portas de iniciar un periodo posconflicto, bien harían nuestros legisladores en estudiar, entender y promover un sentido más amplio de la actividad empresarial. Gobierno, Congreso y la empresa privada deben afrontar esta nueva etapa de nuestra historia, con políticas y leyes que le den cohesión al discurso, pues los desafíos son enormes. Por el momento, no vemos al Gobierno ni al Congreso actuando en este sentido.
El sector agropecuario, en particular, requiere de un modelo empresarial ágil, eficiente y transparente, que conecte a los productores con el mundo, garantizando mayores ingresos. En el agro nos jugaremos el éxito del posconflicto. El papa Francisco, siempre vigilante de nuestro proceso de paz, nos habló, en varias ocasiones, de estos temas durante su reciente gira por Suramérica.
Es necesario crear un marco especial, jurídico y tributario para las empresas que van a liderar la inclusión social y la protección de nuestros recursos naturales durante el posconflicto. Son varios los ejemplos que tenemos, como sucedió en Japón en el periodo de reconstrucción de la Segunda Guerra Mundial, donde además de jalonar el crecimiento económico, las empresas jugaron un importante rol de desarrollo, inclusión y formación social.
Debemos estudiar modelos como el sistema B. Promovamos este tipo de empresa en Colombia y pidamos a nuestros legisladores que radiquen iniciativas legislativas para cerrar la brecha entre los objetivos de paz y vivir en paz en nuestra sociedad.
Juan Pablo Campos
Empresario especializado en Comercio con Asia
campos@colombiasialink.com