La no aprobación del Acuerdo con las Farc debe introducir una importante dosis de realismo en la forma como el gobierno de Colombia afronta el ‘problema Farc’. Lo primero, tal vez, es aceptar humildemente que el acuerdo propuesto es impopular. El ‘No’ triunfó en una contienda electoral muy desigual. La pregunta formulada en el plebiscito “¿Aprueba el Acuerdo para una paz estable y duradera?”, apelando a un valor humano esencial y elemental, estaba redactada para inducir a votar ‘Sí’. La campaña de “Sí a la paz” fue avasalladora, incluyendo el apoyo de los medios impresos, la TV y la radio; además de contar con la participación activa de gran parte de la burocracia central y una amplia porción de la local.
El gobierno pretendió infundir temor en la población, aduciendo que no sería posible renegociar el acuerdo, que “no había plan B”, y que si este no era aprobado las Farc volverían a atacar. En estas circunstancias, la victoria del ‘No’ constituye un claro rechazo, y el gobierno no debe esperar que haciendo algunos pequeños ajustes lo vaya a hacer aceptable. El acuerdo actual está muerto y el nuevo tiene que ser muy diferente.
Asimismo, el ‘problema Farc’ necesita ser entendido, dimensionado y contextualizado para encontrar su adecuada solución. En nada contribuye hablar de 52 años de guerra, 220 mil muertos, 6 millones de desplazados. Aunque lleven 52 años de creadas, las Farc era un grupo minúsculo en los años 60 y 70, y, de cualquier forma, siempre ha sido muy pequeño. Hoy los jefes han revelado que son 5.700. En toda su historia, las Farc habrán causado máximo 15 mil muertes, entre militares, civiles y sus propios combatientes. En los últimos años de actividad (2009-2013) causaron entre 100 y 200 muertes cada año, de un total de 20- 30 mil asesinatos anuales. Este grupo es apenas un factor más en la violencia que se ha vivido en grandes extensiones del país, y, por lo tanto, su silenciamiento, aunque muy deseable, no solucionará por sí solo los problemas de seguridad.
El acuerdo para desmovilizar a los integrantes de las Farc debe ser sencillo, concreto y fácil de implementar, redactado de forma legible y precisa. De lo contrario, traerá grandes problemas de interpretación en el futuro. Y debe limitarse al conflicto con las Farc. No debe legislar sobre política agraria, el cultivo de la coca, la justicia, la organización electoral, ni pretender incluir favorabilidades o castigos a otros grupos o individuos. El acuerdo no debe usurpar los mecanismos de la democracia ni de la Constitución colombiana, ni tampoco les debe dar una representación automática a los miembros de las Farc en ninguna instancia legislativa, gubernamental o judicial. Podría consistir en dar amnistía inmediata a los guerrilleros rasos, y a los de alto rango darles una pena cómoda que les restrinja su movilidad y los ‘saque de circulación’ temporalmente; por ejemplo 10 años de exilio, después de este podrían regresar al país, participar en política y ser elegibles.
El acuerdo final debe estar enmarcado dentro de la correlación de fuerzas de quienes lo están firmando y de su respectiva posición de estatura moral y ética. Debe considerar que muchos otros grupos de interés, con afiliados mucho más numerosos, actuando dentro de la legalidad, van a querer también establecer negociaciones directas con el Ejecutivo para recibir un trato especial y proporcionado al concedido a las Farc.
Louis Kleyn
Consultor
louiskleyn@hotmail.com
columnista
Realismo
El acuerdo no debe usurpar los mecanismos de la democracia ni de la Constitución, tampoco les debe dar una representación automática a las Farc.
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Louis Kleyn
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