El 24 de noviembre del 2017 se cumplió el primer año de la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto y la contracción de una paz estable y duradera. Puede decirse que en este periodo se ha cumplido una parte importante de los compromisos para la terminación del conflicto armado, y quedan pendientes para el 2018 los relacionados con la implementación del acuerdo.
Con relación a la terminación del conflicto, se han desmovilizado 14.178 combatientes y se ha avanzado de forma significativa en la ubicación, recolección, destrucción e inhabilitación de las armas que poseían las Farc. En la parte normativa, con la ayuda del proceso de aprobación por vía rápida, conocido como fast track, se han logrado avances importantes, entre los cuales se destaca la ley estatutaria que aprobó la Jurisdicción Especial para la Paz, la cual constituye la espina dorsal del proceso. De todas maneras, en un informe realizado por el Instituto Kroc, se demostró que el 17 por ciento de las disposiciones del acuerdo ha sido completamente implementado, el 6 por ciento tiene un nivel de implantación intermedio y el 22 por ciento se ha implementado mínimamente, mientras la mayoría de las actividades de implementación (55 por ciento) solo se han iniciado.
Lo ideal sería este año se dedicara al posconflicto y la implementación territorial del acuerdo para que, con la ayuda de la Agencia de Renovación Territorial, se adelanten programas de desarrollo (Pedts) en la 16 subregiones y 170 municipios que se han priorizado, considerando que son los que han tenido mayores impactos negativos en el conflicto armado; se ponga en marcha el Programa Nacional Integral de Sustitución (Pnis) para los cultivos ilícitos, y se avance en el proceso de reincorporación de los antiguos combatientes, garantizándoles seguridad y reconociéndolos como ciudadanos de pleno derecho. Igualmente, resulta fundamental que se ponga en marcha el Sistema de Nacional de Innovación Agropecuaria y el Programa Nacional de Adecuación de Tierras.
Es necesario que los diferentes sectores sociales trabajen en la apropiación del acuerdo con el fin de consolidar los avances normativos alcanzados hasta el presente y se avance en la implementación de los que quedan pendientes, particularmente en las regiones que fueron materia del conflicto. Por eso el ideal sería que este tema fuera uno de los aspectos fundamentales de la campaña presidencial y que los candidatos a la presidencia de la República lo consideraran como eje esencial de sus respectivos programas. Desafortunadamente, parece que no va a ser así, pues de acuerdo con la última encuesta realizada por Invamer, al preguntarles a los colombianos sobre cuál es el principal problema que debe ser resuelto por el próximo presidente de Colombia, consideran que el desempleo ocupa el primer lugar (29,9 por ciento), seguido de la salud (21,6 por ciento) y corrupción (19,6 ciento). En cambio, la “implementación de lo acordado con la Farc” apenas representó el 1,6 ciento. Hay que luchar contra esta visión equivocada y cortoplacista, porque sin la consolidación de la paz será imposible realizar las reformas políticas, económicas y sociales que requiere el país para lograr su modernización, inclusión política y equidad social. Solo un país integrado física, económica y socialmente será capaz de hacerle frente a los retos que nos depara el siglo XXI.
Manuel José Cárdenas
Consultor internacional
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