Ciertamente, el Acuerdo de Paz y su implementación no constituyeron el tema central del debate de las elecciones parlamentarias que acaban de terminar, pero no podrán ignorarse en las elecciones presidenciales que se avecinan. Con la suscripción del acuerdo se abrió en Colombia una ventana única y de trascendencia histórica para entender mejor estos retos y resolverlos de manera distinta, pero está pendiente su implementación adecuada. Ese es el desafío principal para el nuevo gobierno, quien no podrá tener éxito si no inicia su mandato con un camino despejado sobre la paz y la justicia.
En lo que va de corrido de la vigencia del acuerdo de paz se han alcanzado avances importantes, que van desde la dejación de las armas entregadas (8.994), la disminución de la violencia, las transformaciones constitucionales y legales, en especial la entrada en vigencia de la jurisdicción para la paz, hasta la nueva institucionalidad que nace del posconflicto. El gobierno en su ‘Balance general de implementación’, realizado en enero de este año, resumió estos avances en tres pilares: seguridad, reconciliación y convivencia, proyectos y nuevas oportunidades. Los opositores, empezando por las Farc, sostienen que se trata de logros limitados, destacando el elevado incumplimiento del gobierno en la reincorporación de los combatientes y en la implementación normativa de los acuerdos, los cuales han estado sometidos en el Congreso a una verdadera renegociación y a la obtención de prebendas burocráticas por parte de los parlamentarios para su aprobación. La paz territorial, para llegar a todos los rincones de Colombia, tampoco ha podido consolidarse.
Más allá de las observaciones anteriores, que podría decirse que son las de los antiguos partidarios del ‘Sí’, están las de los partidarios del ‘No’, que se oponían totalmente al acuerdo.
Sin embargo, en la actualidad han surgido otras voces constructivas, como las de Iván Duque, que serían muy importantes tener en cuenta. Sostiene gráficamente, con el peso que le da ser uno de los candidatos presidenciales ya definidos, que a las Farc hay que decirles que no va a hacer “trizas” el acuerdo, pero que tampoco va a tolerar las “risas” de quienes se quieren burlar del Estado de Derecho. También propone otras reformas, que merecen un estudio cuidadoso, para hacer que el narcotráfico no sea un delito amnistiable, que sean obligatorias y no voluntarias la sustitución y la erradicación de cultivos, que las armas o dineros escondidos impliquen la pérdida de los beneficios a los cabecillas, y, por último, que si bien se debe aceptar la desmovilización, el desarme y la reinserción de ellos, deben estar excluidos los criminales de lesa humanidad para que no puedan ser elegibles hasta que no cumplan con sus penas.
Teniendo en cuenta lo anterior, podría acordarse algunos ajustes al Acuerdo de Paz, que consolide lo que se ha logrado hasta el presente y permita acomodarlo a las nuevas realidades para construir una paz justa y duradera, e impulsar las reformas que hagan de Colombia una sociedad más justa e igualitaria. Las coaliciones que están planteando los candidatos para ganarse un cupo en la segunda vuelta, deberían versar sobre estos temas y no simplemente sobre la mecánica política para ganar las elecciones.