El fallo de la Corte Constitucional sobre la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la PaZ (JEP) es realmente desconcertante. La Corte expidió el comunicado sobre la revisión de esta ley, declarando su exequibilidad y al mismo tiempo la inexequibilidad de la norma que remitió a la justicia ordinaria los procesos por delitos sexuales, porque el Congreso carecía de competencia para señalar penas diferentes a las que estableció el acuerdo en La Habana y el Acto Legislativo que le dio vida a la JEP.
Es incomprensible que, tanto el Acuerdo de Paz como las normas constitucionales y legales creadas en el desarrollo de este, le asignen a esta justicia y a sus irrisorias penas, delitos comunes que no tienen nada que ver con delitos políticos ni con la lucha revolucionaria, y que la Corte convalide esto.
Lo que ocurrió en los campamentos de las Farc y lo que hicieron sus jefes fueron miles de violaciones, abusos sexuales, obligaciones de abortar y crímenes violatorios del derecho internacional humanitario, que serán tratados como delitos políticos y cuyos autores estarán exentos de pagar condenas.
Las niñas y mujeres que los sufrieron han contado, en medio del pánico y el dolor, lo que vivieron, y de lo cual nunca se recuperarán, sus huellas son indelebles. En W Radio, oímos los testimonios de dos exguerrilleras secuestradas por las Farc para reclutarlas forzosamente y las veces que fueron violadas por el ‘Paisa’, obligadas a abortar varias veces, la forma en que realizaron los abortos, en algunos casos con varios meses de gestación y alto riesgo para la vida de ellas, las torturas y los castigos, en fin, todas las violaciones a sus derechos. ¿Qué prima, el acuerdo de La Habana y la norma que le dio vida, o el derecho internacional humanitario, los derechos humanos y el derecho natural?
Igualmente, en el programa Los Informantes, es entrevistada otra víctima, otra niña, hoy mujer, quien narra cómo la violan unos y otros, igual que a las anteriores, hasta llegar nuevamente al ‘Paisa’, a ‘Jerónimo’ y a otros jefes. Cuenta cómo queda embarazada de distintos guerrilleros y cómo brutalmente la hacen abortar. El último bebé nace, luego de varios procesos para que lo abortara, con múltiples limitaciones y sufrimientos. Es imposible oír y ver sin esto sin descomponerse de horror, pánico, dolor, vergüenza de que estas cosas hayan ocurrido con niñas colombianas desde los doce y trece años de edad.
Cómo es posible que estos horrendos crímenes no tengan penas reales de cárcel, de por vida o muchísimos años. Según el acuerdo en La Habana, la norma constitucional que le dio vida y el fallo de la Corte, los que confiesen y se comprometan a no repetición, no pagarán por atrocidades como las mencionadas. ¿Cómo puede entenderse que se califiquen estos delitos como relacionados con faltas políticas? ¿No son crímenes de guerra, si es que era guerra? ¿Dónde está la moral?, ¿dónde están los derechos de la mujer? Estamos hablando de protección a las mujeres, pero esto es la burla total a esas palabras. ¿Qué pensaron quienes acordaron las funciones y competencias de la JEP?
¿Podrán tener la conciencia tranquila al saber que estas mujeres son nuevamente sujetos de burla y revictimización, después de haber sido objetos en manos de hombres que no son humanos, sino bestias?
María Sol Navia
Exministra de Trabajo
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