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María Sol Navia V.
columnista

Otra amenaza a nuestras instituciones

No podemos menos que pedirle al Congreso que evite una mayor afrenta a las instituciones, que aún con fallas está reglada y regida por la juridicidad

María Sol Navia V.
POR:
María Sol Navia V.
mayo 24 de 2018
2018-05-24 09:13 p.m.
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La actuación de la JEP en relación con el proceso de extradición de Santrich vuelve a abrir el debate sobre esta figura y los temores que ha tenido la mayoría del país en relación con algunos puntos del Acuerdo Gobierno-Farc. Fueron muchas las observaciones hechas por juristas como Jaime Castro, Hugo Palacios y otros, así como las consideraciones de tipo político sobre la ruptura de la estructura constitucional y legal de la nación, y las amenazas a la institucionalidad.

Hoy se empieza a confirmar cómo estos temores y observaciones eran totalmente fundados. La JEP se conformó con una clara tendencia ideológica, lo que acrecentó las reservas por las posibles actuaciones que confirmen la temida y grave impunidad.

Además, en su actuación en relación con este caso, ya se extralimitó en sus funciones al desconocer lo establecido en el acto constitucional que la creó y que estableció que su competencia es definir si el delito se cometió antes del 2 de diciembre del 2016, o con posterioridad a esa fecha, que es la firma del Acuerdo.

La JEP suspendió la extradición, aunque no estaba aún formalizada, arrogándose una competencia que no le corresponde y tratando de desconocer a la Corte Suprema de Justicia, que es la encargada de ocuparse de los delitos que se cometan después de firmado el acuerdo.

No es claro, ni aún para el Gobierno, qué busca la JEP, ni cómo va a resolverse este caso, pero sí lo es que la justicia especial, que a pesar de las dudas se esperaba ayudara a esclarecer los crímenes de las Farc y de otros actores violentos y delincuentes en los años de violencia guerrillera y paramilitar, empieza a mostrar que no es imparcial ni transparente, y que quizás en lugar de luz va a generar más confrontaciones.

Por otra parte, su creación no era necesaria, ni pertinente ya que la Justicia colombiana podía, debía y tenía la competencia para juzgar a estos delincuentes, y las normas transitorias que fueran necesarias para ajustarse a lo acordado, aún en caso de que se determinara total impunidad para ilícitos como el secuestro, la violación y el narcotráfico, como quedó establecido, podían haber sido expedidas por el Congreso con sus respectivas normas procedimentales, evitando el flagrante desconocimiento de la estructura judicial, constitucional y jurídica, al ignorar el sistema judicial, la Fiscalía, y el Legislativo.

No es este el primer proceso de paz que ha realizado Colombia ni el primer paso por normas transitorias para lograr un objetivo político o buscar la paz, y hasta ahora no había surgido esta peregrina idea de crear una justicia especial a la medida y solicitud de aquellos que deberán someterse a ella.

Ahora que se ha presentado este impasse, en el cual tratan de desconocer a la Fiscalía, que viene ejerciendo cabalmente sus funciones, con imparcialidad y efectividad; que se usurpa el derecho de definir la extradición, cuando su competencia es solo determinar la fecha de la comisión del delito y que además se ha presentado por parte de la Farc un documento proponiendo cambiar incluso los términos de lo acordado, no podemos menos que pedirle al Congreso que evite una mayor afrenta a las instituciones y a nuestra Justicia, que aún con fallas está reglada y regida por la juridicidad.

En este difícil trance –más complicado aún con la polarizada campaña presidencial– que plantea algunas amenazas a las instituciones y al modelo de país que hemos definido, hay que luchar por la defensa de nuestra institucionalidad.

María Sol Navia
Exministra de Trabajo.

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