Al cierre del 2018 es necesario hacer algunas reflexiones acerca del futuro del país, más allá de la coyuntura a la que estamos tan acostumbrados y que ha generado un ‘remolino’ del que no salimos, despreciando una visión de mediano y largo plazo que debería tener una gran relevancia por parte de todos los actores sociales, políticos y económicos.
No hay que engañarse. Nuestro país está viviendo un momento muy interesante de su historia y ha dado señales fácticas contundentes, pero que deben ser asumidas con responsabilidad por esos agentes, entre los cuales el sector privado tiene un papel clave, dado que es mucho lo que está en juego en términos de futuro de la sociedad, la democracia y la economía.
El presidente Iván Duque, el más joven de la historia nacional, está completando 120 días de gobierno y ha aceptado con gran madurez y sabiduría ese compromiso, asumiendo el costo político que ello implica: hubiera sido muy fácil, y a lo mejor rentable, haber hecho un duro corte de cuentas frente a la administración anterior, pues elementos no le faltaban, pero prefirió no ahondar más en la confrontación y polarización que tanto daño hace y que es un claro objetivo de una parte de la izquierda para generar incertidumbre y potenciar el ‘remolino’ con miras a lograr el poder en el futuro no lejano. Con los estudiantes siguió también la ruta conciliadora como nunca se había visto en Colombia, así muchos lo interpreten con una posición extremadamente ‘blanda’.
Pues no. Duque optó por la fórmula responsable. Su corte de cuentas fue prudente y con los estudiantes ha mantenido las puertas abiertas, lo que ha enfurecido a la oposición radical que se ha quedado sin argumentos para alegar la supuesta “pérdida de garantías políticas” o la consabida “represión militar”.
La clase política tradicional que también ‘mide el aceite’ al gobierno de turno –a través de una presión en el Congreso para lograr prebendas a las que el Ejecutivo la tiene acostumbrada, en una especie de chantaje burocrático– en esta oportunidad ha entendido que no es así.
El gobierno de Duque ha mostrado entereza y carácter para no caer en ese juego, como se nota en la ley de financiamiento, así se deba asumir el costo de menores pretensiones en los recaudos. Pese a eso, la reforma tributaria que entrará a regir en enero va a dar mayores recursos que los logrados en tiempos de la llamada ‘mermelada’. No admitir que esto es un logro importante es sectarismo y odio.
¿Está respondiendo el sector privado a ese esfuerzo de Duque y su gobierno? Mucho me temo que no, pues se adopta una posición facilista, con una visión cortoplacista. Se evidencia en las discusiones de la reforma tributaria, en las que ha prevalecido un criterio de intereses particulares y sectoriales, antes que una visión global.
Sin duda, esa no puede ser la ruta. Es fundamental mayor compromiso en la defensa del establecimiento por parte del sector empresarial, si no se quiere que Colombia siga el camino de países vecinos que han dado un salto al vacío del que resulta difícil salir, luego de una alocada carrera y pérdida de gran parte de los valores democráticos.
Esto es concreto: el sector privado tiene una gran oportunidad de mostrar esa responsabilidad social ahora que se comienza a negociar el salario mínimo para el año entrante, acompañando al gobierno en esa tarea con desprendimiento y sentido de solidaridad con quienes ponen su fuerza de trabajo por el bien de este país.